¿Tu policía está certificado?: Zoé Robledo*

Es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos evadir las consecuencias que nos acarrean".

JoshiahStamp

La cita viene a cuenta para referirme en esta oportunidad a la propuesta que en el Senado de la República se aprobó en días pasados y que se refiere a dar un nuevo plazo, un tercer plazo, para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el país puedan obtener la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Al dar un nuevo plazo se evita que el personal no certificado fuera separado del servicio, en pocas palabras sea dado de baja, ya que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que una vez agotado el plazo para la certificación, los elementos que no hayan obtenido su certificación automáticamente serán separados del servicio activo, con las consecuencias laborales, sociales y de seguridad que ello implica.

La disposición de certificar al personal de las instituciones federales, estatales y municipales establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública data de enero de 2009 y tenía como plazo original para su cumplirse el 3 de enero de 2013, plazo que se prorrogó en diciembre de 2012 por diez meses más, por la actual Legislatura del Congreso Federal, cuando el actual gobierno federal, los estados y los municipios vieron que era materialmente imposible cumplirlo.

Y ahora, nuevamente se solicita prorrogar el cumplimiento de esta disposición por un año más.

Senadores de la Comisión de Seguridad Pública, gobernadores y presidentes municipales comentaron que no prorrogar el plazo traerá consecuencias serias ya que al 30 de junio de este año sólo se había certificado al 63 por ciento de los elementos estatales y municipales. Es decir, si no se prorroga el plazo podrían ir a la calle, sin trabajo cerca de 190 mil elementos en todo el país, con los costos sociales, económicos, políticos y sobre todo con costo a la mermada seguridad que muchos mexicanos padecen.

La pregunta obligada sería ¿a qué se irían a dedicar 190 mil exmiembros de las corporaciones de seguridad 

en todo el país, que se van a la calle de un día para otro?

La respuesta no es difícil adivinarla. Por eso estuve de acuerdo en prorrogar el plazo porque no hacerlo tiene consecuencias y graves.

Pero el haber apoyado esta medida no quiere decir que esté de acuerdo con que se incumplan plazos y disposiciones establecidas en la ley. Algo sin duda está fallando para que se tenga que otorgar una prórroga tras otra a un sistema de certificación que está diseñado para darle más seguridad y certidumbre a los mexicanos. O no se previeron adecuadamente los plazos, ya sea técnica o presupuestalmente o hay estados y municipios que no han asumido con seriedad este compromiso.

Sea cual sea la razón algo y alguien está fallando y eso en materia de seguridad pública no puede pasarse por alto. Las instituciones de seguridad pública en el país tienen una deuda con los ciudadanos pues a pesar de los presupuestos crecientes de los últimos años en este rubro, la seguridad pública dista mucho de estar a la altura de las necesidades de la sociedad en muchas regiones del país.

La certificación de miembros de las instituciones de seguridad está diseñada como un medio a favor de los mexicanos, para garantizarles que quienes están al cargo de su cuidado y protección son personas confiables, profesionales, garantes de la seguridad y del respeto a los derechos humanos, y en eso, se está fallando, no se está cumpliendo con esa parte a los mexicanos y eso, eso también tiene consecuencias.

Después de casi cuatro años, como en México no hemos podido darle esa mínima garantía a los mexicanos: saber que sus policías están certificados Probablemente la certificación no sea en sí una garantía absoluta, pero no podemos soslayarla ni negar que es un paso adelante.

Hoy que tanto se ha hecho referencia y exaltado el valor de la evaluación, en donde se ha insistido de su necesidad y sus bondades en otros ámbitos, ahora, en uno de los temas más sensibles y preocupantes para la sociedad, como la seguridad pública, se extienden plazos como si la evaluación no tuviera virtudes. No resulta para nada congruente el mensaje que se envía al diferir las evaluaciones para que no pierdan su empleo servidores públicos.

Hoy, si bien es necesario prorrogar este plazo, también es necesario darle una explicación detallada a los mexicanos de por qué no se está cumpliendo. Es necesario que los estados y municipios den una explicación de qué está sucediendo, por qué no se están cumpliendo los plazos de certificación y se transparenten los avances obtenidos.

Cuando un estudiante no entrega a tiempo sus trabajos escolares o cuando un mexicano que trabaja no cumple en tiempo con la labor que se le ha encomendado, lo menos que puede ofrecer es una explicación y esa explicación no necesariamente lo va a relevar de una eventual sanción, de ser reprendido, reprobado o bien de perder el empleo. Lo que sí queda, a pesar de la explicación, es una mayor desconfianza, descrédito y escepticismo hacia quien no cumple.

Hoy, se le debe esa explicación a los mexicanos y eventualmente tendría que señalarse qué y quién está fallando. Los legisladores que aprueban plazos material y humanamente imposibles de cumplir o las instancias responsables de la certificación que no han atendido con la suficiente atingencia un mandato de la ley.

El gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales deben dejar en claro las respuestas a estas interrogantes: ¿No era suficiente el plazo fijado en 2009? ¿No era suficiente el plazo prorrogado en diciembre de 2012? ¿Es suficiente este plazo que ahora se aprueba de un año más?

Por el bien de los mexicanos y con el propósito de contribuir a recuperar la tranquilidad de los ciudadanos a lo largo y ancho del país con policías más confiables y mejores niveles de seguridad pública, se debe asumir ésta como la última prórroga para certificar a los miembros de las corporaciones policiales.

La sociedad en materia de seguridad exige resultados y una prórroga por más razones que se tengan para ella, no es el resultado que espera.

                                                                                                                            

*Senador por Chiapas. Partido de la Revolución Democrática.

Impuestos: la transparencia obligada: Zoé Robledo*

Muchos libros tradicionales de  historia se parecen a algunas películas de diversos tiempos. En el cine se ve a caballeros bien vestidos, damas excelentemente ajuareadas, automóviles deslumbrantes y, sobre todo, gobernantes poderosos.  Los hombres o damas del gobierno, así sean reyes,  visires, sultanes, primeros ministros o presidentes, emprenden guerras o carreras espaciales, o asignan recursos para obras de distinto tamaño.  A veces combaten el hambre, la injusticia o promueven la ciencia y la cultura.

Con frecuencia, viajan de un continente a otro; disfrutan o sufren la vida y distribuyen dinero a manos llenas. Tanto los libros de historia —o de crónica o de simples recuentos de frivolidades— así como las películas, en su mayoría, pasan por alto un asunto: ¿De dónde viene el dinero que los caballeros o damas gastan tan abundantemente? ¿De dónde viene el dinero para las guerras o para atender los caprichos de las señoras encopetadas y los gobernantes poderosos? ¿Quién paga las cuentas de afamados agentes secretos como James Bond en los casinos de la Costa Azul francesa?  Las preguntas abundan.

        

Por supuesto, a lo largo de la historia, ha habido cuatro formas tradicionales de obtener dinero para los países: cobrando tributos a los pueblos vencidos; fabricando dinero en cantidades industriales; asumiendo deudas y cobrando impuestos a los ciudadanos de la  nación.

Hoy, las condiciones han cambiado, ya casi no hay países que paguen tributos; tampoco se puede fabricar dinero sin respaldo, porque ya se conocen los resultados catastróficos de esta práctica. Los empréstitos pueden funcionar relativamente bien si se usan para actividades que generen nuevos ingresos, o bien hasta que…hay que pagar. Por eso, se ha recurrido a cobrar impuestos.

Los impuestos  por parte de los gobiernos autoritarios, no se ponen a consideración de los ciudadanos, ni son proporcionales ni justos, son sencillamente, como su nombre lo indica, impuestos.

        

Si hubiese necesidad de recordar a los clásicos de la política, los ciudadanos cedieron parte de su libertad al Estado y también, en un contrato tácito, contrajeron la obligación de sostenerlo económicamente. El gobierno, que debe encargarse de los servicios públicos: desde la defensa del país hasta la limpieza de las ciudades, requiere de recursos económicos inmediatos y suficientes.  Los ciudadanos, que ya contrajeron la obligación, deben construir (aún cuando sea doloroso o, por lo menos, poco atractivo) una cultura del pago obligatorio y continuo.

        

En los países democráticos o en transición hacia la democracia el gobierno no puede imponer las contribuciones de manera unilateral; sino que debe tomar en cuenta las condiciones reales de la economía nacional y de los distintos sectores que conforman la comunidad en el país. En contraparte, la población debe pagar, aunque ese pago implique un sacrificio. Al final, no existe ningún país o comunidad nacional que no cobre impuestos, aún cuando las dimensiones sean diferentes. Hay “paraísos fiscales”, pero su existencia es excepcional y, con frecuencia, vecina del delito internacional.

        

En el caso mexicano, el paternalismo gubernamental, los privilegios a grupos o sectores, el costo político de crear y cobrar impuestos y la muchas veces  ineficiente y hasta corrupta forma de administrar los recursos públicos, desalienta y distorsiona las contribuciones fiscales.  Nadie tiene incentivos para contribuir si se mal usa o se roban lo recaudado.

Los impuestos, hay que aceptarlo, son necesarios. Pero aceptar la obligación de pagar impuestos implica también asumir derechos. Derecho a saber cómo y en qué se gastan las contribuciones, a servicios públicos de calidad, a exigir el uso eficiente y honesto de lo aportado por todos.

En los próximos días habrá de discutirse en el Congreso Federal la llamada Reforma Hacendaria, que intenta recaudar más recursos para el Gobierno Federal, ajustando impuestos y tarifas públicas. Esta Reforma tiene aspectos positivos como gravar más a quienes más tienen y eliminar privilegios fiscales a las grandes empresas; pero también tiene propuestas inaceptables como subir el IVA en la franja fronteriza, norte y sur, cobrar impuestos a la vivienda y a las colegiaturas. Esta Reforma habrá de analizarse detalladamente y evaluar su pertinencia caso por caso, propuesta por propuesta.

Si el gobierno está pensando en subir impuestos debe de entrada, asumir un compromiso con la transparencia y con proveer mejores servicios. Solo así podrá, en parte, convencer a los contribuyentes para que  hagan más sacrificios Las cuentas claras no solo conducen a amistades largas, sino también a una relación más sana de derechos y obligaciones entre gobernados y gobernantes, en suma, a una mejor democracia. 

Bibliografía

Leo Huberman. Los bienes terrenales del hombre. México. Editorial Nuestro Tiempo. 1972. En este texto se describen algunas peripecies del Estado y la ciudadanía en los inicios de la historia del capitalismo.  Es decir, de la historia de la economía en el mundo occidental.

* El autor es Senador por Chiapas por el PRD.

LIBRES POR LA PALABRA…¿LIBERTINA?

Zoé Robledo*

8 de octubre de 2013

El 7 de octubre del fatídico 1913, fue cobardemente asesinado don Belisario Domínguez y, desde entonces, el médico de Comitán pasó a ser un referente sobre la palabra como instrumento de la libertad.  Sencillamente, no se puede ser libre si no hay posibilidades de expresarse. La libertad de expresión es inherente a la posibilidad del ser humano de alcanzar la independencia en todo el sentido de la palabra. Las voces apresadas apresan al hombre en el sentido de especie.

        

Como es bien sabido, aún cuando con frecuencia se pasa por alto, don Belisario Domínguez fue un mártir de la libertad total; es decir, ofrendó su vida en el altar de una Patria libre. De una Nación libre de la dictadura del usurpador Victoriano Huerta. Sin embargo, el mejor homenaje que podemos hacer al mártir nacido en Comitán es reflexionar sobre el tema esencial que determinó el sacrificio del Senador chiapaneco. Necesitamos pensar la libertad y, sobre todo, examinar todo lo que se relaciona con dejar las palabras en libertad.

        

Don Belisario Domínguez, al hablar ante el Senado de la República sabía bien a qué debería atenerse. Sabía que el vesánico Victoriano Huerta no tardaría en reaccionar y que su discurso acusatorio era una copia manual de su sentencia de muerte. Por eso se despidió de su hijo Ricardo y le previno sobre lo difícil que era vivir en una dictadura y comportarse –definitivamente ser, un hombre libre- de manera adecuada. El mensaje al joven Ricardo, fue un aviso para los mexicanos de tiempos posteriores.

        

Sin embargo, ese aviso puede leerse de diferentes maneras. Don Belisario conocía los alcances de la dictadura y, en ese orden, sabía que su vida estaba en riesgo inminente. Seguramente sabía que el peligro era parte de la vida y, sobre todo, de la vida que se relaciona con la Patria; que es el lugar en donde se ha nacido y que genera los sentimientos de sacrificio y entrega sin regateos.  Sin embargo, el gran legado de don Belisario Domínguez requiere de otras reflexiones. 

        

En su periódico “El Vate”, hace valer el poco margen que había para opinar en el estado de Chiapas y específicamente en Comitán. Se ocupa de varios temas, desde las corridas de toros a las cuales considera un tema de reflexión, aunque no las condena de manera explícita; hasta la obligación de los estudiantes de estar atentos a los problemas sociales.  De manera enfática se refiere a las relaciones injustas entre la federación y nuestra entidad federativa. Don Belisario aprovecha su fuerte autoridad moral para abrir un espacio de libertades, aún cuando fueran relativas a un pequeño periódico de provincia.

El aniversario número cien de la muerte del Senador Chiapaneco por excelencia, debe llevarnos a pensar  distintos temas y uno es precisamente el de la libertad de expresión, derecho que la sociedad mexicana ha conquistado tras largos y complicados esfuerzos.  Sin embargo esta libertad esta permanentemente amenazada, no solamente por los actores interesados en el silencio; sino también por quienes la han convertido en un instrumento ominoso y que cada vez tienen una mayor presencia con los avances de la tecnología.

Hay un lugar común muy común: el afirmar que es preferible el libertinaje que la represión a la libertad de expresarse.  Es cierto, pero es aceptar un mal, un mal menor si se quiere, entre los peores, pero al fin un mal.  La libertad de expresión, como lo afirmara el Dr. Jorge Carpizo, no puede entenderse como libertad de calumnia, ni como libertad de falsear, ni como libertad de deshonrar. La libertad de expresión también exige un imperativo ético.

Da para la reflexión el que en algunos medios o a través de las redes sociales al amparo de la libertad de expresión se falte a la verdad dolosamente, creando alarma social o  se intenten construir descréditos, y en donde el anonimato prospere cuando la expresión de la plaza pública del siglo XXI garantizan una mayor visibilidad y alcance en cada voz que se expresa.

De ninguna manera propongo una regulación legal o normativa sobre los medios que hoy nos dan voz de manera sencilla y accesible. Lo que hace falta es construir ciudadanía. Ciudadanía como la que ejemplifica Belisario Domínguez en donde a pesar de los riesgos utilizó su libertad para la denuncia, para revelar al poder ominoso y tirano.

Para que la libertad permanezca es necesario fortalecerla y esa energía se obtiene del uso responsable. Si la libertad sirve para calumniar se debilita y, lo que es grave, el uso de la palabra libertina se convierte en una convocatoria a la represión, se convierte en una invitación a limitar la propia libertad.

La libertad de expresión fue el arma de Belisario Domínguez contra el autoritarismo. Bienvenida la denuncia contra éste, el que se ejerce desde el poder público o desde poder fáctico. Pero como bien refiere José Woldenberg hay quienes errónea o dolosamente quieren equiparar a cada autoridad, aun las democráticas y legítimamente constituidas, con una instancia autoritaria.

* El autor es Senador por Chiapas por el PRD y Secretario de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Zoé Robledo: Tragedia y legado de don Belisario

El 7 de octubre de 1913, a las 11:30 de la noche, se inició un acto más de la tragedia mexicana. Agentes de la policía "reservada" un cuerpo de la dictadura de Victoriano Huerta cuya especialidad era la persecución y eliminación de los enemigos del gobierno usurpador detuvieron al senador Belisario Domínguez Palencia. Los sicarios lo condujeron al panteón de Coyoacán y ahí lo asesinaron a balazos. El crimen contra el legislador generó múltiples protestas en el Senado de la República y, por eso mismo, el día 10 del mismo mes; Huerta disolvió el Congreso federal y muchos congresistas fueron detenidos.

El argumento para disolver el Congreso fue que este poder se había extralimitado en sus atribuciones, abarcando incluso algunas que por ley le correspondían al Poder Judicial y al Ejecutivo. En la lógica del dictador, en el Congreso no había buenas intenciones, ni un proyecto nacional, ni un caudillo con la capacidad, la entereza y la honradez para dirigir el destino del país. Por eso mismo, el Congreso debía disolverse y realizar nuevas elecciones legislativas. La disolución del Poder Legislativo era según el gobierno dictatorial con la única finalidad de proteger a la nación y para el mantenimiento del régimen "constitucional" que encabezaba Huerta.

El gobierno de Huerta permaneció y sus crímenes, en términos judiciales, quedaron impunes ¿Don Belisario Domínguez ofrendó su vida sólo en el altar del honor y de la dignidad

No.

Si bien se puede pensar que la disolución del Congreso, dadas las circunstancias de un país gobernado por asesinos, fue poco enérgica; el hecho dejó al dictador políticamente menos acompañado. Sobre todo porque el Poder Judicial tenía una presencia discreta y no constituía un factor de legitimidad. Al desaparecer las dos Cámaras, la oposición tuvo mayores argumentos y la disidencia comenzó a crecer. Inclusive, y ese es un asunto con mayores puntos oscuros, el Ejército comenzó a dividirse.

La muerte de Madero, Pino Suárez, Belisario Domínguez y muchos mexicanos más, fue un elemento que disminuyó la ya de por sí baja legitimidad de la dictadura. En el interior del país la oposición se hizo más compacta y se orientó hacia las modalidades militares. El rechazo al gobierno usurpador fue el eje definitivo en la formación de columnas armadas en las entidades federativas estratégicas de entonces. También hubo una lección que los revolucionarios constitucionalistas aprendieron muy bien: al enemigo había que exterminarlo militarmente y destruir todos sus sustentos civiles. Se comprobó, en los hechos, que la prudencia de Madero no era el camino adecuado en las nuevas circunstancias.

Dicho de otra manera, la muerte del senador chiapaneco generó una ruptura y con ello se derrumbaron las posibilidades de una alianza de los legisladores huertistas con el Ejecutivo. El Congreso era un lugar apropiado para mantener la interlocución entre la dictadura y las fuerzas políticas de las entidades federativas. Esta posibilidad se diluyó abruptamente.

Hacia el exterior, las fuerzas filibusteras no tuvieron ya mayores argumentos para legitimar la dictadura huertista. Incluso, el gobierno norteamericano en cuya embajada se pactó la caída de Madero se vio obligado a finalizar el apoyo, tácito o explícito, a Huerta. Las voces que en Inglaterra y Alemania se referían a la necesidad de intervenir en México para terminar con la anarquía de pronto se vieron disminuidas.

En Comitán, Chiapas, la noticia fue conocida el 15 de octubre. El ayuntamiento de ese municipio sesionó en forma extraordinaria y resolvió unirse al sentir popular. Don Belisario Domínguez era una persona muy conocida y estimada en su pueblo natal, por su naturaleza humanista y sus aportes cotidianos para aliviar el dolor de sus coterráneos. El ayuntamiento de Comitán decretó tres días de duelo y declaró hijo predilecto de la ciudad al senador.

Hablar de Belisario Domínguez es hacer referencia a la varonía en el sentido moral del término. Su legado tiene que ver con levantar la voz cuando el silencio se generaliza y se impone por el temor o la conveniencia. Su gesta heroica fue un llamado a recuperar dignidades que ya no se percibían. La soledad de su sacrificio fue momentánea, porque resurgió el compromiso con las grandes causas nacionales. Don Belisario no llegó al Senado con intenciones suicidas, pero sí con la certeza de que la verdad tenía sus riesgos. Don Belisario no esperaba que el Senado liberara a la patria del dictador, pero sí que se liberara la palabra.

La obligación de informar en democracia: Zoé Robledo

ZOÉ ROBLEDO*


Desde una perspectiva digamos teórica o académica, la democracia es una forma de gobierno que se relaciona con la emisión de votos que definen la designación de gobernantes y representantes en el poder legislativo. Para que se llame verdaderamente democracia debe haber el derecho al voto universal, es decir todo ciudadano que la ley reconoce puede votar y ser votado; debe ser equitativo, donde un voto tiene el mismo peso específico que otro; y libre, lo que implica que el voto se emite por los dictados de la conciencia y voluntad de cada individuo y por nadie ni nada más. Los procesos electorales deben darse adicionalmente en tiempos definidos y repetirse sin excepción.

El modelo de democracia que surge de este proceso es de naturaleza representativa, en donde los gobernantes y representantes electos son depositarios de los mejores intereses de los ciudadanos y tiene entre otros propósitos, dar cauce a las discrepancias al interior de una sociedad a términos aceptados por todos.

El reto de toda sociedad está en cómo desarrollar más y mejores procedimientos electorales que puedan servir para identificar y reconocer las preferencias sociales sin perder eficacia ni legitimidad. Resulta no sólo deseable sino indispensable que cada vez se desarrollen más recursos para la participación política de los ciudadanos, más allá de las elecciones. De esta manera, los resultados no sólo serán democráticos en su origen o procedimiento sino democráticos en su parte sustantiva al otorgar un mayor peso específico a las decisiones tomadas de esta manera.

Por eso, ha sido una insistente demanda, particularmente de los representantes de la izquierda en México, crear mecanismos políticos como el plebiscito o la consulta ciudadana para que precisamente los ciudadanos puedan emitir mandatos claros a sus gobernantes y representantes. Con mecanismos de esta naturaleza es posible ratificar o cambiar las decisiones de las autoridades en asuntos específicos sin tener que esperar tres ó seis años para rotar a nuestros representantes designados.

En este sentido, además de ser mecanismos de participación política, el referéndum o el plebiscito son mecanismos de evaluación ciudadana, valiosos en sí mismos, si consideramos a la democracia no sólo un régimen jurídico, sino una forma de vida, tal y como lo establece nuestra Constitución.

En esos términos, es importante que las instancias de gobierno y de representatividad deban rendir cuentas. Cuentas claras, a través de los múltiples medios hoy al alcance de gran parte de los ciudadanos. Informes por escrito, documentos, reportes en internet, difusión de trabajos a través de las redes sociales, sin olvidar el contacto directo con los ciudadanos, todo con la sobriedad y seriedad republicana que el propio acto de rendir cuentas encarna.

Sin embargo, nuestra legislación electoral a partir de 2007, al limitar la exposición pública de funcionarios, gobernantes y legisladores, ha generado incentivos no deseados que fomentan la notoriedad aunque sea de corta duración, más que la transparencia y responsabilidad a la que se aspiraba en un primer momento. La libertad de expresión se ha vuelto el velo en el que se envuelve cualquier acto político que involucre la exposición pública de las ideas e incluso los informes gubernamentales y legislativos se han alejado de su esencia, para dar paso en muchas ocasiones a verdaderos actos de propaganda, importando poco si se está o no construyendo una sociedad más libre, más justa y más próspera desde el puesto público que se ocupa.

Informar y rendir cuentas forma parte de la acción misma de gobernar, informar bien es una obligación de un buen gobierno. Es más, la transparencia es parte obligatoria de todo buen gobierno. La información debe ser clara, abierta, suficiente y comprobable.

Bienvenida la transparencia y la rendición de cuentas que fortalece, desde cualquier punto de vista, a la democracia. Bienvenido el trabajo eficaz y oportuno que merece ser dado a conocer a los ciudadanos.

Bienvenida también la superación de las prácticas políticas de antaño: el paso de la política de aclamaciones construidas de manera artificial y de las concentraciones gravosas. La evolución política en México debe continuar para bien de todos.



*El autor es senador por Chiapas,  del Grupo Parlamentario del PRD.