Septiembre en Chiapas

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jueves, 6 de septiembre de 2012

La Izquierda Hoy. Comentario de Zoé Robledo en Barra de Opinión TV Azteca

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Crónica de una elección singular





Por Zoé Robledo


Esta es la narración de una apuesta atípica. Es el singular recorrido para definir la candidatura al Senado de la República de la Coalición Movimiento Progresista en el estado de Chiapas. Una candidatura en la que desfilaron cuatro candidatos, 16 impugnaciones y las respectivas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la crónica de una campaña de solo 13 días, de un candidato que no apareció en la boleta electoral y no obstante alcanzó un escaño con cerca de medio millón de sufragios. Es la crónica de un candidato no militante. Es historia reciente, vivida y narrada en primera persona.
En primera persona En 2010 fui candidato a diputado local por la Coalición Unidad por Chiapas conformada por el Partido de la Revolución Democrática (rRD), el Partido Acción Nacional (rAN), el entonces Convergencia y Nueva Alianza. Mi candidatura fue por el Distrito xvn, de la Sierra Madre de Chiapas, donde están mis orígenes y muchos de mis propósitos. El eje de mi campaña fue la atención ambiental a esta región ecológicamente estratégica para el estado de Chiapas y el país. La propuesta fue, y es, la de convertir la generosa aportación biótica de la Sierra Madre en una economía más digna para sus habitantes.
La propuesta funcionó, no solo porque era novedosa sino también pertinente. Al comprometer un trabajo legislativo enfocado en la naturaleza y su vinculación con la sociedad y la economía, la opinión electoral se tomó favorable y alcancé, con el trabajo de un reducido pero entregado equipo, la victoria, siendo el candidato de la Coalición que más votos obtuvo en dicho proceso electoral local.
En mi participación en la elección al Senado, el asunto fue distinto. Para empezar, no había considerado la posibilidad de competir por un escaño. Aspiraba a un espacio de representación proporcional E> en la Cámara de Diputados federal, para lo cual me registré como precandidato § externo del PRD, a cuya fracción parlamentaria me había sumado como legislador; esta fracción me llevó a ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas.
Conforme el PRD desahogaba su proceso interno, una noticia daba prácticamente por concluidas mis aspiraciones. El 20 de febrero, en su Consejo Nacional, el partido anunciaba que en las posiciones plurinminales no habría candidatos externos.
Hubo ofertas de otros partidos que inmediatamente decliné. Tenía claro que el asunto no era asegurar una posición política sino construir una trayectoria desde la izquierda, en las posiciones progresistas y socialmente comprometidas que requiere un estado como Chiapas.
Decidí aportar lo que de mi parte estuviera para el éxito de la coalición de las izquierdas, y continuar mi labor como diputado local.



Una candidatura en tribunales En un esfuerzo por reagrupar fuerzas y mantener una mermada unidad en el estado, el PRD resolvió sus candidaturas a los puestos de elección federal y designó a Juan Carlos López Fernández como candidato de la primera fórmula al Senado. Inmediatamente hubo precandidatos que consideraron vulnerados sus derechos con esta designación y presentaron en los primeros días de abril diversas impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (rEpH), por considerar que no se había respetado el procedimiento interno de selección.
El 27 de abril, la sala regional de Xalapa del TEPJF resolvió esas impugnaciones revocando la designación de López Fernández y ordenando que la Comisión Política Nacional del PRD nombrara un nuevo candidato de entre quienes se registraron en el proceso interno para contender por esa posición.
Las campañas electorales cumplían casi un mes de iniciadas y la Coalición Movimiento Progresista se quedaba en Chiapas sin candidato al Senado. Los acuerdos internos para transitar en las elecciones locales y federales en unidad estaban en riesgo. Durante esos días participé en una serie de acercamientos entre el PRD local y la dirigencia nacional para reencausar los acuerdos y evitar una división aún más profunda.
E14 de mayo, la Comisión Política Nacional del PRD, acatando la resolución del TEPJF, designó a Magdalena Torres Abarca como nueva candidata e hizo énfasis en que con esta nominación concluía el proceso interno de selección.
El 9 de mayo, por segunda ocasión, el 1FE aprobaba el registro de la primera fórmula al Senado por Chiapas de la Coalición Movimiento Progresista. Sin embargo, un día después, en pleno día de las madres, Magdalena Torres Abarca presentaba ante el PRD nacional su renuncia a esa candidatura argumentando problemas de salud.
Transcurridos 41 días de campaña, nuevamente la coalición I de las izquierdas se quedaba en Chiapas sin candidato de la primera fórmula al Senado.
Esta renuncia desató rumores, interpretaciones y lecturas políticas diversas. Lo cierto era que nuevamente se debía nombrar candidato a esa posición, ahora con carácter de urgente por el tiempo de campaña transcurrido. Políticamente, el nombramiento debía recaer en quien pudiera garantizar los acuerdos de unidad que se habían establecido desde la nominación de Juan Carlos López Fernández.
Invitación de la Comisión Política Nacional y designación de mi candidatura En un escenario complejo el 12 de mayo la Comisión Política Nacional del PRD se reuniría de manera urgente a fin de designar un nuevo candidato para la posición vacante. Ese día recibí la invitación del presidente del PRD nacional, Jesús Zambrano, para ocupar la candidatura. Me explicaba en su invitación los puntos favorables de mi postulación y me pedía una respuesta pronta para hacer la propuesta formal ante la Comisión Política Nacional.
Al tanto del antecedente de las impugnaciones, ponderé cuidadosamente la invitación: por un lado hice una evaluación política de la pertinencia de mi candidatura; por otro, un análisis jurídico, ya que no podía aceptar una candidatura que atropellase los derechos de los chiapanecos militantes de izquierda.
El sustento de mi postulación lo daban los propios estatutos del PRD, y en particular dos artículos: el 273, que establece que ante la ausencia de candidatos para ocupar algún cargo de elección constitucional la Comisión Política Nacional tiene la facultad de hacer la designación de manera directa, máxime si existe riesgo de que el partido se quede sin registrar candidatos, y el Artículo 311, que establece que, de forma excepcional, aplicará la suspensión del procedimiento de elección interna solo en los casos en los que se integre una personalidad de la sociedad civil que no haya manifestado públicamente su aspiración a la candidatura o que no haya sido promocionada públicamente por cualquier organización.
Restaban únicamente 49 de los 90 días de campaña. Los tiempos demandaba postular a la brevedad candidatos competitivos. Además, en aquel momento, era inminente que el 1FE iniciara la impresión de las boletas electorales, por lo que existía el riesgo de que, si se tardaba la decisión, el nombre del candidato al Senado no apareciera en la boleta, como sucedió finalmente.
Con sustento estatutario, se propuso ante la Comisión Política Nacional mi candidatura, por considerar que además de cumplir con los requisitos de elegibilidad, contaba yo con experiencia legislativa y vigencia en el ánimo del electorado —vigencia que me había otorgado mi condición de diputado local, de presidente del Congreso en los meses previos y, añadiría la Comisión Política Nacional, mi asiduidad en el quehacer periodístico. Acepté la invitación y la CPN aprobó mi designación y la de mi suplente, el reconocido biólogo y ambientalista Froilán Esquina Cano.
El 16 de mayo, el Consejo General del In aprobó por tercera ocasión el registro de la primera fórmula al Senado de la Coalición Movimiento Progresista por el estado de Chiapas. Me convertía a partir de ese momento en candidato al Senado por mi tierra natal.
El inicio del largo proceso de impugnaciones contra mi candidatura De inmediato organicé mi equipo de campaña. El reto era hacer llegar nuestra propuesta al mayor número de ciudadanos, con la mayor profundidad y en el menor tiempo posibles. Chiapas es un estado complejo por su geografía, por su multiculturalidad y por su diversidad política; 122 municipios, 24 distritos locales y 12 federales eran nuestro desafio para los siguientes 41 días.
Debo resaltar que el 16 y 17 de mayo dos de los personajes que habían combatido la candidatura de Juan Carlos López Fernández también interpusieron impugnaciones contra la designación de Magdalena Torres Abarca. El 18 del mismo mes, uno de ellos presentó una ampliación a su demanda (Jnc11o4/2012), pero ahora contra mi designación. A las pocas horas se acumuló otro expediente. Las impugnaciones continuaban.
Tengo muy presente que, tras haber iniciado mi campaña el 20 de mayo en el municipio de El Porvenir, en lo alto de la Sierra Madre, tuve que trasladarme a la ciudad de Xalapa, para realizar la defensa jurídica contra las impugnaciones en mi contra.
Como parte de mi defensa, tuve la oportunidad de entrevistarme con las tres magistradas integrantes de la sala regional de Xalapa del TEPJF. Les hice saber de viva voz mis argumentos a favor de la tesis de que mi candidatura externa era jurídica y políticamente válida. La charla con las magistradas fue cordial y en lo personal sentía que había dejado firme mi opinión.
Ese mismo 23 de mayo, al terminar las entrevistas con las magistradas, me dirigí a la Ciudad de México para preparar un documento más de mi defensa, que aún estaba en el plazo legal, y de ahí volver de inmediato a Chiapas a retomar mi campaña. Durante el trayecto, pasadas las diez de la noche, mi abogado llamó para decirme que justo en ese momento se efectuaba una sesión extraordinaria en la sala regional para resolver las impugnaciones en mi contra.
Mi sorpresa fue mayor, no solo porque aún contaba con tiempo para hacer valer un escrito en mi defensa, sino porque la sentencia fue publicada a las diez de la noche, mientras que los estrados dieron cuenta del cierre de la instrucción (término jurídico que indica que el magistrado ponente cuenta con los documentos necesarios para dictar sentencia) a las diez de la noche con quince minutos. La sentencia se dictaba antes de que la magistrada ponente declarara que ya estaba en posibilidad de hacerlo.
En su resolución, la sala regional descalificó mi candidatura con el argumento de que no había estado inscrito en el proceso interno, y ordenó que se nombrase un nuevo candidato de la Coalición Movimiento Progresista al Senado, tomando en cuenta solamente a los precandidatos registrados.
No puedo negar el mal sentimiento que me generó esta decisión, tanto por su forma como por sus argumentos. Se trataba de una resolución que no hacía justicia, que vulneraba no solo mi derecho sino también el de los ciudadanos que, sin militar en partido alguno, veían cerrada la oportunidad de participar en un instituto político con amplia tradición de candidaturas externas. Además, no podía explicarme cómo a una disposición expresa de los estatutos del PRD sobre el modo de seleccionar sus candidatos en circunstancias no ordinarias, las magistradas anteponían supuestos derechos sin haber declarado improcedentes o ilegales las disposiciones estatutarias internas.
Consciente de que era poco frecuente revertir una sentencia del TEPJF, decidí controvertir la resolución de la sala regional.
La reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF Tanto la Presidencia Nacional del PRD como quien esto escribe presentamos recursos de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF (SUPREC42/2012 y supREc43/2o12). Interpretando el Artículo 41 constitucional y el Artículo 46 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, afirmamos que la sentencia dictada por la sala regional de Xalapa dejaba sin aplicación las normas internas del PRD, vulnerando los principios constitucionales de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. Situación grave, ya que los estatutos de cualquier partido político podían ser puestos de lado por los tribunales, cuando una de las misiones sustantivas de ellos es garantizar que se cumplan.
Mientras se promovían estos recursos, el PRD nombraba un cuarto candidato a la senaduría por Chiapas, Martín Ramos Castellanos.
El 7 de junio, la Sala Superior del TEPJF resolvió los recursos que promovimos tanto el PRD como quien esto narra. En su sentencia, reconoció que su sala regional de Xalapa efectivamente pasó por alto disposiciones expresas de los estatutos del pm) y ordenó que el partido eligiera nuevamente, pero ahora con total libertad, a sus candidatos de la primera fórmula al Senado. El PRD debía elegir entre quienes cumplieran con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios; no era necesario haber estado inscrito en el proceso interno, e incluso, conforme a los estatutos, podía elegirse a candidatos externos. Todo ello a solo 20 días de culminar las campañas políticas.

Desde mi perspectiva, la resolución del TEPJF es sobresaliente, ya que fortaleció el sistema de partidos al defender los principios de autoorganización y autodeterminación partidista. Resulta significativo que con esta sentencia se sentó jurisprudencia, misma que servirá de precedente para futuras determinaciones del TEPJF.
En cumplimiento a la sentencia, la Comisión Política Nacional del PRD me designó nuevamente candidato de la CKtockohotacemiA.Dmit primera fórmula al Senado, con el voto unánime de los nueve consejeros asistentes. El Consejo General del ¡FE ratificó, una semana después, el 14 de junio, el registro de mi candidatura. Era nuevamente candidato, pero ahora solo contaba con 13 días para realizar mi campaña, esto es con un déficit de 85.6% frente a los demás candidatos.
Los trece días de campaña: el reto político y electoral La lógica de mi campaña era la misma que en su primer arranque: máxima cobertura y profundidad en el menor tiempo posible, aunque ahora las condiciones eran extremas.
En el momento de retomar la campaña no existían sitios disponibles, como bardas y anuncios espectaculares, para promocionar mis propuestas, los talleres de impresión en el estado se encontraban saturados y muchos de lo operadores políticos aliados estaban ya comprometidos.
En el estado había campañas de 4 candidatos a la presiden cia de la República, 4 a gober nador del estado, 7 al Senado, 51 a diputados federales, 103 a diputados locales y más de 60o a presidentes municipales. Había casi 800 campañas en el estado al momento de arrancar la mía. Era imaginable que no hubiera un solo poste o un espacio adecuado para la promoción política que no estuviera ya ocupado por algún otro candidato.
Reconocí que esas aparentes dificultades eran en realidad parte de nuestras fortalezas. Decidí hacer una campaña de ideas, no de pendones; de propuestas, no de bardas. Una campaña sin basura electoral, una que favoreciera los medios alternativos.
Hicimos un gran esfuerzo para hacer llegar primero la noticia de mi candidatura y paralelamente mis propuestas, explicando, además, que mi nombre no aparecería en las boletas. En la matemática electoral, debíamos comunicarnos e impactar a dos millones de electores al menos, con la suficiente profundidad para convencerlos.
A la campaña de tierra debíamos sumar medios masivos y no convencionales. Como no había espacios para anunciarse nos decidimos por la publicidad móvil —hasta bicicletas con nuestra imagen y mensaje utilizamos. En lugar del tradicional perifoneo de vehículos que recorren las vialidades, conseguimos una pequeña avioneta Piper J3 modelo 1939, el avión más antiguo que vuela en México. Con el equipo de sonido adecuado, en unas cuantas horas logró difundir nuestra propaganda en distintas ciudades y localidades del estado, convirtiéndose en un emblema de nuestra campaña.
Solidariamente, recorrimos el estado con otros candidatos de 1 3 la Coalición Movimiento Progresista. Formamos un grupo de 23 operadores regionales para focalizarnos en la promoción del voto en 325 secciones electorales prioritarias dentro del plan estratégico de la izquierda en el estado. Organizamos brigadas de jóvenes para que, casa por casa, distribuyeran nuestra propaganda en los municipios y ciudades de mayor peso electoral.
Por su singularidad, nuestra campaña fue retomada por la radio y la televisión. La prensa igualmente dio cuenta de nuestra actividad cotidiana y logramos contar en esos breves días con una importante caja de resonancia de nuestras actividades, lo que nos permitió impactar a un número mayor de electores.
Pie a tierra, transité los cuatro puntos cardinales del estado, de Ostuacán en el norte a Tapachula en el sur, de la Sierra a los Altos, del espacio urbano a las comunidades rurales e indígenas.
Impugnaciones que no concluyen Aun en campaña, recayeron más de cinco nuevas impugnaciones. Todas se resolvieron a mi favor a lo largo de esos trece días, en los que tuve que compaginar mi recorrido proselitista con comparecencias en la sala regional de Xalapa.

En su sesión del 27 de junio, último día para las campañas políticas, la sala regional de Xalapa resolvió la mayoría de los recursos interpuestos contra mi candidatura. Fue hasta la noche del 28 de junio, mediante el acuerdo por unanimidad que emitió la Sala Superior del TEPJF respecto al último recurso que había en mi contra, que concluyó el proceso que ratificó que en todo momento a mi candidatura la había asistido la razón.
A manera de epílogo El primero de julio los chiapanecos votaron. La izquierda recibió para el Senado de la República 476 mil 480 sufragios, el 23.59%. Se convirtió en la segunda fuerza electoral en el estado y, por tanto, tuvo derecho a un senador de primera minoría.
En Chiapas hay una fuerza de izquierda latente que, a pesar de las coyunturas, se mantiene como una voz y un proyecto político vigente. El resultado de la votación es multicausal y, sin duda, en él influyó de manera importante la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
Múltiples batallas jurídicas, un arduo trabajo político, el cada vez más depurado andamiaje institucional del sistema judicial mexicano y el resultado electoral me dan hoy la oportunidad y el honor de ser un ciudadano representando a mi estado en el Senado. Las lecciones que me dejó esta singular candidatura sobre nuestro sistema de partidos serán, necesariamente, parte de mi agenda legislativa.



miércoles, 16 de mayo de 2012

Campañas políticas: del acceso al ejercicio del poder



Por Zoé Robledo

Recordemos la conversación de Alicia con el gato de Cheshire en la novela de Lewis Carroll. Ella pregunta cuál es el camino que debe seguir y el gato sabiamente le contesta: “Eso depende de adónde quieras llegar”. Lo mismo ocurre con el acceso al poder en una democracia. De los propósitos del poder dependerá la modalidad de las estrategias para alcanzarlo.
Definir para qué se quiere el poder permite diseñar campañas electorales en todos sus planos y actividades, orientar todos los esfuerzos, utilizar eficaz y eficientemente todos los recursos. En pocas palabras, permite no solo imaginar el camino para llegar al poder, sino construirlo, alcanzarlo y ejercerlo bien.
Y es que una campaña electoral, como proceso democrático, no es exitosa cuando se obtiene el mayor número de votos, sino cuando se obtiene el mayor número de votos y se sientan las bases suficientes y necesarias para traducir la victoria en insumo para ejercer el poder político y no solo la autoridad. En ese sentido, es válida la pregunta: ¿cuáles son las estrategias que deben regir una campaña que, por encima del triunfo electoral, busque generar los escenarios propicios para el ejercicio del poder? Este texto propone un breve acercamiento a dichas estrategias.
El poder democrático
Un régimen democrático debe legitimarse y garantizar su permanencia en medio de la pluralidad. Esto implica cierto nivel de fragmentación del poder. Sin embargo, irónicamente, el funcionamiento de una democracia exige capacidad para reagrupar ese poder bajo normas e instituciones. Es por ello que, en la democracia, el acceso al poder solo tiene lugar mediante el triunfo en elecciones. Pero dicho triunfo no garantiza que se podrá gobernar con éxito. Apenas abre la posibilidad para intentarlo. Acceder a un puesto de elección hace legítimo para el político iniciar la alineación de las fuerzas que le permitirán gobernar, pero en ningún caso resuelve el ejercicio del poder. El gobernante no surge en la elección; el gobernante se materializa en el ejercicio cotidiano del poder, el cual no se resuelve en las urnas.
Lo anterior implica que el triunfo electoral, bajo ciertas condiciones, favorecerá el acceso al poder, mientras que los triunfos que carezcan de aquellos elementos que faciliten la alineación de fuerzas para constituir un gobierno, complicarán el ejercicio de apropiación legítima del poder. Si hay rutas de triunfo electoral que favorecen el acceso al poder y rutas que permiten la victoria pero que no coadyuvan a la transformación del ganador en gobernante efectivo, entonces el reto es identificar los elementos básicos de esas rutas.
Antes de revisar estos elementos, vale la pena identificar las fases donde debe verificarse cada uno de ellos, esto es las etapas mínimas que han de cubrirse durante la competencia para tener derecho a acceder al poder.
Las fases de la competencia
En una primera fase, una elección puede ganarse de forma legítima y democrática antes que dé inicio la campaña. Lo anterior no es un absurdo. Si un candidato o precandidato logra el consenso de las fuerzas políticas representativas mediante un ejercicio de alianzas y acuerdos, puede llegar al inicio de la contienda con una ventaja mayoritaria definitiva.
En una segunda fase, una elección se gana en la campaña misma, con base en las propuestas del candidato y su capacidad para transmitirlas y establecer un vínculo de identificación con el electorado.
En una tercera etapa, después de ganadas las elecciones, los compromisos de campaña pueden caer en saco roto si el candidato electo no construye las alianzas necesarias para convertir sus propuestas electorales en propuestas de gobierno con un mínimo de viabilidad. No es posible acceder al poder solo con simpatía popular; hace falta oferta y organización política. Una elección puede ganarse con un esfuerzo mediático y de imagen impecable, pero difícilmente una campaña que se construya únicamente sobre ese pilar llegará a transformarse en una campaña de acceso efectivo al poder.
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¿Individuos o instituciones?
Las campañas modernas parecieran construirse alrededor de individuos. La insistencia en la competencia democrática simplista individualiza la contienda y la convierte casi en concursos de simpatía, presencia y frecuencia. Esto no sería del todo alarmante o disfuncional si la democracia consolidada y funcional no apuntase precisamente en sentido contrario. En la democracia lo que siempre prevalece y lo que da fuerza al acuerdo son las instituciones y las normas.
La fuerza de la democracia se construye sobre la certeza de los procesos y la relativa intrascendencia del poder individualizado. Una democracia eficaz depende del funcionamiento del marco institucional, lo que requiere de política y de un proyecto de gobierno que sirva de contexto a la discusión. De ahí los riesgos de elecciones que lleven a las puertas del poder a candidatos armados solo de imagen y simpatía, con poca pericia política y estrategias administrativas e institucionales pobres.
El líder democrático es un líder al frente de instituciones que seguirán existiendo más allá de su mandato; no es un líder por encima de ellas.
Mientras las campañas se personalizan, los procesos que definen el funcionamiento de un gobierno se institucionalizan. Ese es el dilema que explica a los grandes candidatos ganadores que nunca se convierten en gobernantes efectivos.
Para responder a ese escenario hacen falta campañas políticas balanceadas que combinen imagen (mercadotecnia en su sentido más simple), política (construcción de redes y alianzas en su sentido más complejo), oferta de gobierno (oferta pública e institucional en su sentido más integral) y organización (estructuras partidistas).
Obviamente, el balance de estos cuatro elementos no siempre es el mismo. Si imagen, política, oferta de gobierno y organización son los cuatro elementos clave para convertir una elección en una puerta efectiva de acceso al poder, es factible ubicar cada uno de ellos como elemento dominante, no único, en cada una de las tres etapas esenciales del ciclo de acceso al poder.
Para hacer viable la conformación de una candidatura harán falta política e imagen; para triunfar en la campaña serán esenciales la imagen y la oferta de gobierno; para intentar asumir el poder una vez ganada la elección, la política y la alianza con la sociedad serán las piezas clave. Se deberá tener persuasión para ser nominado, identificación con el ciudadano para ser electo y capacidad para ser considerado como gobernante efectivo.
En términos más operativos, una campaña, para convertirse en el paso fundamental de acceso al poder, debe contemplar cinco elementos básicos: investigación e información, planeación estratégica, organización estratégica, comunicación pública y operación política.
Investigación
Toda campaña debe partir de una auditoría de los factores políticos, económicos, electorales, sociales y de estructura partidista que llevaron al equilibrio vigente de poder, para decidir si este puede ser alterado. Claro que una campaña puede conseguir el triunfo sin investigar los factores que definieron la situación inicial, pero con el riego de dejar de construir los pilares adecuados para obtener más votos y carecer de las bases y acuerdos mínimos para hacer gobernable el espacio público que se recibe. La investigación es la base para la precisión en la selección de rutas de acceso al poder.
En sus Consejos políticos, Plutarco esgrimía las razones para conocer la cultura política imperante, “el carácter del pueblo”; no para imitarlo, sino “para utilizar todos los procedimientos para poder hacerse con él. Pues el desconocimiento de las costumbres lleva a no atinar en el blanco y a errores no menores en la política”.1
Planeación estratégica
Una estrategia de campaña traduce intenciones en objetivos y describe, de forma ordenada, las acciones para acceder al poder. En democracias consolidadas o en procesos avanzados de consolidación, esas acciones no se definirán de manera discrecional. La planeación estratégica debe contemplar una estrategia jurídica que legitime y proteja un posible triunfo.
La propia competencia propicia que se destinen enormes cantidades de recursos al esfuerzo electoral. En este aspecto debemos ser especialmente realistas. Aún cuando las legislaciones otorguen dinero público para el financiamiento de campañas o el candidato esté dispuesto a gastar parte de sus propios recursos, resulta indispensable elaborar una estrategia o ruta de donantes. La capacidad para crear redes legítimas de financiamiento es un indicador de la capacidad de un actor y su partido para construir redes de gobernabilidad. Una campaña totalmente marginal en la recolección de recursos puede ser una campaña incapaz de construir puentes de estabilidad y suma políticas en etapas posteriores.
En síntesis, el ejercicio de planeación es una prueba de aptitud mínima que se demanda a un candidato que espera ganar hoy y gobernar mañana.
Organización estratégica
Una campaña que demanda una organización compleja es una campaña que ofrece ciertas garantías sobre la participación de instituciones políticas permanentes. Una campaña de marketing puro y de vocación totalmente individual requiere sincronización, pero no organización estratégica. Pensar en términos de organización implica pensar en términos de candidato y partido, en términos de estructuras de movilización y, por tanto, de relación con organizaciones sociales, económicas y ciudadanas.
Una campaña que considera la organización estratégica es la semilla de un gobierno que deberá hacer compatibles la convivencia de distintos intereses que quizá comparten objetivos generales comunes pero difieren en sus métodos de acción y sus prioridades.
La imaginación conduce al poder siempre y cuando exista la organización. Para ello, una campaña demanda una organización con un equipo de colaboradores plural y con experiencia en el terreno electoral que permita realizar las diversas funciones requeridas a lo largo de las etapas de la campaña.