EL SENADO, LOS LIBROS Y LA LECTURA

Zoé Robledo*

Para hacer más eficiente y ágil, el trabajo legislativo se distribuye en comisiones, esto es válido tanto en la Cámara de Senadores, la de Diputados y en los Congresos Estatales de cada entidad federativa, incluida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El objetivo principal, en la mayoría de los casos es organizar las tareas legislativas y dictaminar cada comisión en los temas de su competencia, realizando un trabajo especializado. Digo en su mayoría porque existen comisiones legislativas cuya naturaleza es distinta, ya sea de vinculación, de estudio o de promoción de un tema o un territorio específico. Baste recordar la Comisión de Concordia y Pacificación, bicameral por cierto.

En el caso del Senado de la República las Comisiones Especiales no tienen atribución de dictaminación y en el caso de las Comisiones Ordinarias, hay una que tiene características particulares, cuya naturaleza la hace un tanto cuanto distinta al resto. Esta es la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales (CBAE) que tengo el honor de presidir.

Esta Comisión ordinaria, además de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones de los asuntos que se le turnan, tiene como tarea fundamental impulsar la publicación de material bibliográfico en materia legislativa y parlamentaria, así como de aquellos temas de interés general pero además, nos hemos propuesto desde el inicio de esta legislatura, ir más a fondo en el tema de los libros y tocar el fondo de este asunto, involucrándonos también en el fomento a la lectura.

Las actividades realizadas por la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales a lo largo del último año legislativo requieren de análisis en términos cuantitativos pero también cualitativos. Sus resultados en ambos planos están a la vista:

El año pasado, como paso inicial de esta estrategia, me permití presentar una propuesta para modificación de los objetivos de la CBAE, para convertirla en Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura, argumentando para ello que es necesario transformar la manera en que, como país y como sociedad nos vinculamos a los libros, y haciendo del fomento a la lectura el objetivo central de esta comisión.

Algunas semanas después presenté una propuesta de modificación a la Ley General para el libro y la lectura a fin de:

Establecer en la ley la definición integral, amplia y contemporánea de los conceptos Fomento a la Lectura y Leer, además de señalar los términos Libro Electrónico, entendido como aquel que se descarga y se lee en cualquier dispositivo y el Libro Virtual, entendido como cualquier material bibliográfico consultado en línea y vinculado a bases electrónicas remotas.

Garantizar que en cada municipio o delegación del país exista al menos una biblioteca o centro de fomento a la lectura dotado de materiales suficientes en todas sus modalidades y con personal profesional capacitado en materia no necesariamente de libros pero sí de fomento a la lectura.

Y por último generar un reordenamiento de los conceptos, revalorizando la importancia del fomento a la lectura-hábito en todas sus modalidades, como ejercicio que redunda en un mayor consumo de libros entre los mexicanos.

Adicionalmente, como lo comenté en una columna anterior, la CBAE publicó una decena de materiales que a continuación enlisto:

En coedición con la editorial Miguel Ángel Porrúa, se publicó el libro de don Ignacio López Rayón, titulado Elementos de la Constitución, que es uno de los primeros referentes en la historia constitucional de nuestro país. Se considera un libro fundacional para la evolución de la Carta Magna Mexicana.

Con Editorial Taurus publicamos una edición facsimilar de enorme importancia, la primera edición en español, traducida directamente de uno de los primeros ejemplares originales que se encuentra en el Museo Nacional de Florencia, misma que viene acompañada por ensayos introductorios de la autoría del Senador Raúl Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, del Dr. Jorge Islas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y, así como de los doctores Maurizio Viroli, académico italiano, especialista en la biografía del canciller florentino y autor del exitoso libro “La sonrisa de Maquiavelo”, además del Doctor Giovanni Sartori, uno de los teóricos de la ciencia política más importantes del Siglo XX.

En coedición con la Universidad Autónoma de Chiapas y el CONECULTA Chiapas se publicó la Biografía del Dr. Belisario Domínguez, de don  Ángel María Corzo, un texto decisivo para conocer la historia del prócer chiapaneco, ya que el maestro Corzo tuvo contacto con algunos testigos directos de la vida del Doctor Domínguez.

Otras coediciones fueron con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Introducción al derecho parlamentario estatal, de Efrén Chávez Hernández. Actus, sertas, census. Datos para la plateación estratégica, de varios autores, bajo la coordinación de Luis E. Woldenberg Karakovsky, un material elaborado en coordinación con NODO. Investigaciones Estratégicas.  Se hizo la edición de Desarrollo regional. Dunas costeras y humedales, coordinado por Francisco Alcocer y Marta Moctezuma, de la organización ambientalista “Los Cabos Coastkeeper, A.C.”.

De la misma manera, se publicó el libro de Julián Hernández Abacuc, cuyo título es El Senado de la República y la desaparición de poderes en el régimen de Lázaro Cárdenas, en coedición con Plaza y Valdes; este texto inédito es el resultado de una investigación a fondo sobre un tema que no ha sido examinado en el escenario académico o político. Ética para servidores públicos, de Oscar Diego Bautista. El desplazamiento interno forzado en México, de Oscar Torres, en coedición con CIESAS, El Colegio de Sonora y CONAPRED.

Derecho parlamentario orgánico, de Ángel Eraña, en coedición con Editorial Porrúa. Memoria del Seminario del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, de José María Serna y Daniel Barceló y en coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Esta es tan solo una parte de la tarea realizada. Los únicos dictámenes pendientes en la CBAE son justamente las propuestas que he realizado y que señalé líneas arriba. Sin embargo al solo contar actualmente con dos integrantes la comisión, me parece impropio dictaminar mis propias iniciativas sin el concurso de por lo menos dos o más senadores adicionales que pertenezcan a ésta.

Por fortuna la transparencia se está ampliando en nuestras instituciones públicas, incluido el Senado de la República, por lo que los reportes, actividades e informes de las distintas comisiones legislativas son públicos para quien quiera consultarlos y contar con información de primera mano.

* El autor es Senador por Chiapas y Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales.

Representar e informar

 Zoé Robledo*

En tiempos que todavía se recuerdan sin mayores nostalgias o que, de plano, son recurrentes, la tarea de informar se reservaba a uno de los poderes nacionales. Se trataba del Poder Ejecutivo, tanto de la federación como de las entidades y ese ritual se repetía puntual y reiterativamente. Eran días de un sólo mando y con un informe de esa instancia era más que suficiente.

Con que informara el Poder Ejecutivo era suficiente, porque en ese Poder se encontraba la cima de la autoridad y la tarea de gobernar se circunscribía en esa instancia. Los informes eran un ritual previsible y, por eso mismo, lejano a los intereses de la ciudadanía que, a su vez, se mostraba indiferente o aceptaba los eventos de manera pasiva, en el mejor de los casos.

Era así, porque los poderes Legislativo y Judicial tenían presencias más o menos testimoniales. Por eso mismo, no había mucho material para dar a conocer a los habitantes del país, o de la entidad o del distrito en el caso de los senadores o diputados. Al ser de perfil bajo, el Legislativo y el Judicial se sombreaban en el poder principal: el Ejecutivo. El presidente de la República y los gobernadores daban a conocer el estado de la administración pública sin mayores respuestas por parte de los poderes restantes: ni a favor ni, mucho menos, en contra.

Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo deja de ser omnímodo, inclusive cuando se trata de un proceso evolutivo de largo o mediano plazo, los poderes Legislativo y Judicial, e incluso los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral, van acumulando nuevas atribuciones reales y, por eso mismo, es necesario que las acciones realizadas sean del conocimiento de los ciudadanos de la jurisdicción respectiva. Ahora, para decirlo brevemente, hay algo más que se hace y que debe ser del conocimiento público. Informar es hacer, para usar las palabras de Daniel Cosía Villegas, "público lo que es público" y ese acto es un ingrediente vital para la vida del país o de las entidades federativas. Es un deber republicano y es una acción por la democracia.

Afortunadamente, en el caso del Congreso de la Unión, se ha evolucionado y tanto los diputados federales como lo senadores son un factor de decisión política en todos los sentidos. En el Congreso se debate en torno a los grandes problemas nacionales y se construyen los acuerdos que imponen las necesidades del país. La tarea de conciliar los intereses no siempre es fácil, dado que las distintas fuerzas políticas de la Nación se corresponden con diversos intereses y percepciones en torno a la realidad de los mexicanos. No es fácil, pero la diversidad es un signo de la libertad y de la democracia. Sin pluralidad no hay presencia de los mexicanos reales.

En el Senado de la República se han analizado durante el último año importantes reformas. Algunos senadores han defendido, de manera intensa, el interés de distintos segmentos de la sociedad mexicana ante las diversas propuestas. En mi caso, tuve una oposición frontal al incremento de impuestos que ahondaran la desigualdad, me opuse a la aplicación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los alimentos y las medicinas, así como también a la homologación del IVA en las regiones fronterizas del territorio mexicano.

Estos asuntos son decisivos en la vida de los mexicanos y de los chiapanecos y requieren un esfuerzo amplio y profundo. Contra lo que con frecuencia se afirma, la tarea legislativa no es "descansada", ni siempre glamorosa. Implica, para una labor legislativa profesional, amplias horas de estudio, de análisis y de construcción de acuerdos y, también antesalas y reuniones para gestionarlos múltiples problemas y necesidades que plantean los ciudadanos y sus organizaciones.

Por eso mismo, los ciudadanos de todo el país tienen derecho a ser informados. Necesitan saber sobre los logros y también requieren de una explicación cuando no ha sido posible atender positivamente alguno de sus planteamientos. El legislador no puede operar programas ni atender directamente las peticiones; sin embargo, tiene la tarea de ser gestor de la ciudadanía.

El deber de informar debe ser cumplido en una modalidad republicana. Debe llegar a la ciudadanía sin gastos superfluos, ni amontonamientos innecesarios. Es buena, desde luego, la competencia política, pero ésta debe darse de acuerdo con las nuevas circunstancias del país y de nuestras entidades federativas. Especialmente en el caso de Chiapas.

Los desplantes multitudinarios son parte de una historia que debemos tener en cuenta para no repetirla. Es tiempo de pasar, en la manera de hacer política, de las multitudes anónimas a los ciudadanos enterados. Es bueno reunirse con los ciudadanos de manera directa y afectuosa, pero no limitar el mester político a eventos sin finalidades específicas. Es tiempo de informar y de hacerlo a la manera moderna y republicana. Es tiempo de dar a conocer realidades y de dejar a un lado las simulaciones o los disimulos.



*El autor es senador del PRD por Chiapas.

Energéticos: transparencia y decisiones nacionales

ZOÉ ROBLEDO*

El asunto de la Reforma Energética es uno de los más importantes en la vida de los mexicanos en estos meses y años. Por eso mismo es un tema recurrente que nos obliga a hacer consideraciones que se van acumulando y que espero sean insumos para construir una opinión con mayores consistencias. 

En el asunto del petróleo y demás energéticos debemos ir con mucho cuidado. Sobre todo, porque los energéticos en el país son parte del andamiaje para nuestra soberanía y piedras angulares de un mejor futuro económico y social en el país. Por eso es necesario tomar en cuenta todas perspectivas de análisis. Estoy claro que la decisión sobre el futuro de los hidrocarburos es una decisión soberana que debe ser tomada por todos los mexicanos, bajo las nuevas modalidades de participación que permite la Constitución, como lo es la Consulta Ciudadana. Pero para tomar buenas decisiones se requiere tomar decisiones informadas y ahí los especialistas juegan un papel relevante. En mi opinión, debemos escuchar a quienes, al margen de las preferencias políticas, conocen el escenario y el trasfondo de los energéticos, de tal manera que pueden ayudarnos a construir una visión objetiva y con todos los elementos esenciales.

Bajo esta premisa, se ha trabajado en organizar foros desde prácticamente todas las perspectivas. Se ha buscado documentar las razones para enriquecer la información disponible y discusión sustentada.

Lo que sí es importante mantener como propuesta estratégica es la conservación de los energéticos bajo dominio indiscutible de la nación. Los energéticos, en general, constituyen bienes de valor estratégico para el presente y el futuro de la especie humana. En el caso del petróleo, se trata de un material combustible, pero es también un satisfactor con distintos subproductos de alto valor en presente y en el futuro.

Sencillamente, el país que cuente con reservas petroleras adecuadas tendrá menos dificultades en las próximas décadas para su desarrollo. En el caso mexicano, es esencial conservar el dominio de la nación sobre todos los materiales energéticos, porque no se puede enajenar el futuro que debe ser también de todos los sectores sociales de la comunidad nacional.

Las decisiones que se tomen ahora y en el largo plazo, van a generar algunos problemas. En realidad, ya se han comenzado a presentar y su solución va a implicar dificultades para todos los mexicanos. Como es bien sabido, la renta petrolera cubre más de la tercera parte del presupuesto nacional y lo que se determine hacer con ella va a impactar los niveles de vida de todos los mexicanos. Ahora bien, la producción nacional de hidrocarburos ha comenzado a disminuir y es necesario tomar medidas al respecto. Es vital la modernización de Pemex y el sentido de esa modernización debe ser determinado por los mexicanos, que deberán asumir, inevitablemente, los beneficios y consecuencias que resulten.

En ese orden, como senador por Chiapas, me he sumado a la iniciativa nacional, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para impulsar una Consulta Ciudadana para decidir qué Reforma Energética debe realizarse. Es por ello que con la participación de muchos chiapanecos comprometidos hemos iniciado desde hace algunas semanas una cruzada colectar firmas que documenten formalmente la solicitud de esa consulta ciudadana. En 20 municipios de las regiones Centro, Sierra, Costa, Soconusco, Fronteriza, Altos y Frailesca, se ha informado de manera puntual y sistemática, para que las mujeres y hombres de Chiapas participen, de manera cada vez más decisiva, en las decisiones que serán vitales para el país. Como resultado de estas acciones, realizadas entre el 5 y el 30 de octubre, se han recabado hasta la fecha más de 25 mil firmas.

Un punto adicional que debe ser requisito con o sin Reforma Energética es la transparencia en el sector. Uno de los puntos más importantes de los foros organizados por el PRD en el senado de la República fue justamente éste, el de la transparencia. 

Hay muchas dudas sobre la comercialización y se ha denunciado la falta de transparencia de organismos como Pemex Internacional. También hay oscuridades en las donaciones y en gastos tales como las relacionadas con la publicidad y las transferencias al sindicato.

Tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, son paraestatales que generan muchas dudas. El IFAI ha recibido casi 54 mil solicitudes de información sobre la CFE y Pemex en los últimos 10 años lo que representa el 5.6 por ciento de todas las solicitudes de información que ha recibido el gobierno federal en estos años. Aquí lo destacable no es él número de solicitudes sino la importancia de la información. Pemex es la empresa número uno del país con ingresos anuales superiores a 1.6 billones de pesos y tributa la tercera parte de todos los impuestos del país. Con esa importancia no se puede ocultar información, ni mucho menos mentir.

Pero quizá lo que refleje más la opacidad y ausencia de transparencia son las respuestas de Pemex. A decir del consejero del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, entre el 40 y 50 por ciento de las respuestas que da la paraestatal a quienes le solicitan informaciones: "esa información no existe". Pero cuando el solicitante se inconforma y el IFAI interviene resulta que de esos casos, entre el 40 y 45 por ciento, desmienten a Pemex y resulta que si existe. Los solicitantes de información a PEMEX que se inconforman son prácticamente el doble del promedio de los que se inconforman por las respuestas de las otras dependencias del gobierno federal.

Pemex no sólo es una empresa poco transparente en muchos rubros, sino que además ha desarrollado mecanismos para no acatar sus responsabilidades en esta materia. Eso es grave y debe cambiar.

La democracia también es transparencia en lo público. Es puntualmente, como lo afirmaba don Daniel Cosío Villegas, "hacer público lo público".