Zoé Robledo*
09 de septiembre de 2013
Como ciudadano, como
chiapaneco y como Senador de la República, estoy orgulloso de pertenecer a la
fracción parlamentaria del PRD. En ella he coincidido y aprendido de hombres y
mujeres de gran talento y trayectoria, de liderazgo republicano, de pasión por
la política, de experiencia probada, de claridad de ideas, convicción y gran
elocuencia. Me enorgullece pertenecer a un grupo parlamentario donde prevalece
la reflexión, se valoran las diferencias,
donde se entiende y respeta el disenso.
El 22 de agosto pasado, en
la sesión extraordinaria del senado de la República que se llevó a cabo en un
salón de banquetes de la Ciudad de México, habilitado en ese momento como sede
alterna al recinto oficial de la avenida Reforma, se presentaron a discusión y
votación las Reformas a la Ley General de Educación y de la Ley para el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se había dejado para una
sesión posterior la discusión sobre la Ley del Servicio Profesional Docente
(LSPD).
En esa oportunidad, después
de evaluar particularmente las condiciones y tiempos en que se daba esta
discusión decidí votar en contra de la aprobación de estos ordenamientos.
Me opuse en ese momento por
razones de forma y fondo que puntualmente señalé en mi colaboración del Heraldo
de Chiapas“Educación: Las Razones y los Votos” publicada el 28 de agosto (http://bit.ly/28tm9F ).
Hay que recordar que desde
mediados del mes de agosto el magisterio organizado en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) se había movilizado hacia y en la Ciudad
de México exigiendo que sus propuestas se escucharan y fueran tomadas en cuenta
en el contenido de las tres leyes reglamentarias a la Reforma Constitucional en
materia educativa aprobada en diciembre de 2012 con un amplio respaldo de las
Cámaras de Diputados y Senadores.
Durante la última quincena
de agosto tuve la oportunidad de participar en las reuniones donde los representantes
de la CNTE expresaron sus razones y planteamientos, particularmente en lo que
toca a la LSPD.
El contenido originalmente
propuesto por el ejecutivo federal para esta multicitada Ley fue modificado por
la Cámara de Diputados a través de un adéndum
y se integraron propuestas y señalamientos valiosos planteados por la CNTE.
Este 3 de septiembre, en la
primera sesión ordinaria del nuevo período legislativo se presentó a discusión
y votación en el Senado la LSPD. Junto
con mis compañeras y compañeros del PRD en el senado, Alejandra Barrales,
Isidro Pedraza, Angélica de la Peña y Luz María Beristaín, razoné y emití mi
voto -en lo general- a favor de la reforma.
La votación del grupo
parlamentario del PRD sobre esta ley fue analítica, crítica y diversa. En lo
particular, es decir en todos los detalles y artículos que el grupo
parlamentario señaló y objetó, nuestra posición fue unánime, todos votamos en
contra. La votación “en lo general” fue diversa pero no por ello equivocada.
Cada uno esgrimió razones y argumentos y votó en conciencia sin línea ni
consigna.
Este voto ha causado
diferentes reacciones en los militantes y simpatizantes del PRD y en los
ciudadanos. Doy cuenta de comentarios en medios de comunicación y redes
sociales.
Los comentarios críticos
van en el sentido de un supuesto alineamiento de quienes votamos a favor de la
LSPD con el PRI, con el PAN o con una expresión particular dentro del PRD; o
por un supuesto interés personal o electoral. Falso
Hay quienes dejan entrever
que por la votación diversa dentro del grupo parlamentario del PRD por la LSPD,
habrá legisladores que voten a favor de la privatización de PEMEX y al
incremento al IVA en alimentos y medicinas. Falso. De mi parte impulsé
decididamente la Consulta Nacional sobre la Reforma Energética y Fiscal que
promovió el PRD y organizó Alianza Cívica.
Consulta que se efectuó en todo el país los días 25 de agosto y 1 de
septiembre. Públicamente asumí el compromiso de que el resultado de ésta consulta
definiría el sentido de mi posición y de mi voto en el Senado. La consulta dijo
NO a la Privatización de PEMEX o del Petróleo, y dijo NO a un incremento de
impuestos a los más pobres a través del IVA. Mi compromiso y convicción es
defender ese resultado en el Senado cuando se discutan estas reformas.
En mi caso he marcado una
clara distancia con el PRI y su gobierno:
He señalado públicamente
sus deficiencias y errores, y solo para referir las más recientes, están mi
posición en torno al primer informe de gobierno del presidente Peña Nieto en la
mesa de análisis a la que nos convocó el 2 de septiembre el conocido
comunicador Nino Canún. Está también el punto de acuerdo del 3 de septiembre
-aprobado por el Senado de la República-por el que promoví un exhorto al
Ejecutivo Federal y a la SEDESOL para dejar de lado discursos, buenas
intenciones e intereses clientelares en la Cruzada Nacional Contra el Hambre
(CNH) y para que México asuma la iniciativa internacional de “Fomento a la
Nutrición” como parte de la propia Cruzada.
Sobre el primer informe
dejé claro que el Gobierno Federal, ha incumplido sus compromisos de campaña,
no existe la “eficiencia” gubernamental prometida, la economía está en franco
declive, el gasto público sin ejercerse y con el grave riesgo el país de entrar en una recesión o peor
aún de una nueva crisis económica;
señalé que la seguridad se quiere arreglar con spots y no con nuevas
estrategias y los asesinatos y muertos continúan a lo largo y ancho del país;
que el desempleo crece y que se ha dejado perder el “momento mexicano” que
auguraban los mercados internacionales a finales de 2012.
Quienes asumen que mi voto
a favor de la LSPD fue por un interés personal o un cálculo político, incluso
electoral, dejan de lado un análisis muy elemental: el voto del rédito político
era en contra de la LSPD, ese era el evidente voto de simpatía con la CNTE, ese
era el voto para evitar rispideces y eventualmente para cosechar el aplauso.
Quienes están en contra de la LSPD están organizados y han tomado la calle a
diferencia de quienes están a favor o serán los beneficiarios de ella.
El sentido de mi voto fue
pensado para favorecer el interés de muchos y no los personales. Fue pensado
para favorecer los intereses de quienes son mayoría. ¿Quiénes? Los más de un millón trescientos cinco mil niñas
y niños que estudian en Chiapas desde la
primaria hasta la educación media superior; mi voto fue a favor de los millones
de padres de familia que todos los días hacen un gran esfuerzo para enviar a
sus hijos a la escuela con la expectativa, y diría que también con la
esperanza, de que a través de la educación alcancen una mejor situación social
y económica, con la esperanza de que generacionalmente sus hijos tengan una
mejor vida que la que ellos tuvieron.
El sentido de mi voto fue
pensando también en los 131,000 normalistas que actualmente hay en todo el
país, quienes después de estudiar una carrera se enfrentan a un viacrucis para
poder obtener una plaza, un trabajo sí, pero también un lugar donde aplicar su
conocimiento y crecer profesionalmente. Hoy en Chiapas y en gran parte de
México la opción para un egresado normalista excluido, que quiso obtener una
plaza y no la consiguió, es el camino de la corrupción, el de las “palancas”,
el de la “compra” de plazas, el de entrar en “negociación” con las mafias
sindicales y burocráticas.
En Chiapas, el grado
promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, de acuerdo con el
INEGI, es de 6.7 años, es decir apenas un poco más que la primaria terminada,
mientras que el promedio nacional es de 8.7 (casi la secundaria terminada) y en
el Distrito Federal es de 10.5.En nuestra entidad tenemos un déficit de
preparación académica de casi el 25% con respecto a la media nacional y de más
del 35% respecto a la entidad con más avance en el país. Somos por desgracia el
estado con menor promedio en escolaridad de todo México.
Y en esto soy enfático y
contundente: es falso e injusto decir que el fracaso y la mediocridad de la
educación en Chiapas y en México es responsabilidad de los maestros. Pero es
igualmente injusto para las niñas y los niños de hoy, y para las próximas
generaciones, dejar que las cosas se mantengan como están.
La LSPD no es una panacea,
no es la solución mágica a todos los problemas estructurales de la educación en
México, pero abona a erradicar vicios perniciosos que impactan en los logros
académicos, como lo son los casi 13,787 profesores comisionados por el
sindicato, práctica que ha prohijado una distorsionada aspiración y creado un
nido de corrupción y tráfico de prebendas. El artículo 78 de la LSPD marca la
ruta para terminar con ello.
La Ley, en su artículo 36
fracción VI, obliga a generar incentivos para atraer al personal docente con
buen desempeño en el ejercicio de su función a las escuelas que atiendan a los
estudiantes provenientes de los hogares más pobres y de las zonas más alejadas
a los centros urbanos. Esto es especialmente valioso para muchas regiones de
Chiapas, en donde las plazas magisteriales de lugares alejados de las ciudades
y con población indígena o pobre son consideradas “plazas de castigo”. Qué
bueno que los mejores maestros sean quienes enseñen en los sitios de mayor
necesidad social y académica.
Por otra parte los
artículos 25, 32, 40 y 44 establecen que incurrirán en responsabilidad quienes
participen en alguna forma de ingreso o promoción distinta a lo establecido en
Ley y prevé sanciones para quienes autoricen o efectúen algún pago o
contraprestación, u obtengan algún beneficio a partir de los ingresos o
promociones.
En la LSPD no todo es
absolutamente blanco o absolutamente negro Esta ley tiene sus matices. Es un
error pensar que su contenido divide a sus promotores o detractores en buenos y
malos y los convierte en héroes o villanos.
Hay quienes sí, con un
sentido doloso han querido llevar agua a su molino con mitos, con francas
mentiras, como decir que la educación se privatiza o expresar que los maestros
perderán todos sus derechos laborales. Hay quienes afirman, que la ley se
aplicará de manera retroactiva para perjuicio de quienes laboran en educación
básica y media superior. Esto es falso y además sería ilegal: La Constitución
claramente establece que la retroactividad de una ley solo aplica cuando es a
favor del ciudadano, nunca para quebrantar derechos adquiridos.
El tema más polémico sin
duda ha sido el de la evaluación y sus efectos. A ese respecto he expresado que
coincido con la idea de que la evaluación debe ser para mejorar la educación,
no para sancionar a los maestros ni menos aún para desconocer sus derechos
laborales, coincido en que lo fundamental es encontrar respuestas para
corregir, para mejorar, no para sancionar y esa labor de corrección debe
asumirse como una responsabilidad del Estado.
Lo que se necesita, lo
sabemos bien, es garantizar para el magisterio una adecuada actualización de
conocimientos, de capacitación constante, no sólo como su obligación sino
también como un derecho suyo y de los estudiantes que integran el sistema
educativo nacional.
La LSPD garantiza que
ningún profesor perderá su trabajo por motivo del resultado de su evaluación.
Se identificaran fortalezas y debilidades y habrá oportunidades para
actualizarse y mejorar el desempeño docente, y más aún, si un profesor no está
de acuerdo en las medidas administrativas producto de no haber acreditado en
tres ocasiones consecutiva su evaluación, podrá recurrir a los tribunales
laborales para defender los derechos que considere le han sido vulnerados.
La educación es y será un
tema de la más alta prioridad para México. Es un tema que debe asumirse con
toda seriedad, con la perspectiva que nos legó el profesor Edgar Robledo
Santiago: “La mayor riqueza de un país es el cultivo de la inteligencia de su
población”. Nada más dañino y pernicioso para México y los mexicanos que asumir
la educación desde visiones maniqueas, con frivolidad política, con mentiras
interesadas.
Provengo de una familia de
profesores por varias generaciones. Desde mi niñez aprendí el alto valor social
y humano que representa la educación como el medio por excelencia para la
movilidad social, para acercarnos a nuestro ideal de equidad y justicia.
El 3 de septiembre como
representante por Chiapas decidí mi voto en función de lo que consideré mejor
para Chiapas y para los chiapanecos, no por lo que podría ser bueno para un
grupo o para mí. La educación de millones de mexicanos es un valor muy
superior, la educación, si queremos ser un país mejor, simplemente no puede
seguir igual.
* El autor es Senador por
Chiapas y miembro del Grupo Parlamentario del PRD.
