Zoé Robledo*
En tiempos que todavía se recuerdan sin mayores nostalgias o que, de plano, son recurrentes, la tarea de informar se reservaba a uno de los poderes nacionales. Se trataba del Poder Ejecutivo, tanto de la federación como de las entidades y ese ritual se repetía puntual y reiterativamente. Eran días de un sólo mando y con un informe de esa instancia era más que suficiente.
Con que informara el Poder Ejecutivo era suficiente, porque en ese Poder se encontraba la cima de la autoridad y la tarea de gobernar se circunscribía en esa instancia. Los informes eran un ritual previsible y, por eso mismo, lejano a los intereses de la ciudadanía que, a su vez, se mostraba indiferente o aceptaba los eventos de manera pasiva, en el mejor de los casos.
Era así, porque los poderes Legislativo y Judicial tenían presencias más o menos testimoniales. Por eso mismo, no había mucho material para dar a conocer a los habitantes del país, o de la entidad o del distrito en el caso de los senadores o diputados. Al ser de perfil bajo, el Legislativo y el Judicial se sombreaban en el poder principal: el Ejecutivo. El presidente de la República y los gobernadores daban a conocer el estado de la administración pública sin mayores respuestas por parte de los poderes restantes: ni a favor ni, mucho menos, en contra.
Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo deja de ser omnímodo, inclusive cuando se trata de un proceso evolutivo de largo o mediano plazo, los poderes Legislativo y Judicial, e incluso los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral, van acumulando nuevas atribuciones reales y, por eso mismo, es necesario que las acciones realizadas sean del conocimiento de los ciudadanos de la jurisdicción respectiva. Ahora, para decirlo brevemente, hay algo más que se hace y que debe ser del conocimiento público. Informar es hacer, para usar las palabras de Daniel Cosía Villegas, "público lo que es público" y ese acto es un ingrediente vital para la vida del país o de las entidades federativas. Es un deber republicano y es una acción por la democracia.
Afortunadamente, en el caso del Congreso de la Unión, se ha evolucionado y tanto los diputados federales como lo senadores son un factor de decisión política en todos los sentidos. En el Congreso se debate en torno a los grandes problemas nacionales y se construyen los acuerdos que imponen las necesidades del país. La tarea de conciliar los intereses no siempre es fácil, dado que las distintas fuerzas políticas de la Nación se corresponden con diversos intereses y percepciones en torno a la realidad de los mexicanos. No es fácil, pero la diversidad es un signo de la libertad y de la democracia. Sin pluralidad no hay presencia de los mexicanos reales.
En el Senado de la República se han analizado durante el último año importantes reformas. Algunos senadores han defendido, de manera intensa, el interés de distintos segmentos de la sociedad mexicana ante las diversas propuestas. En mi caso, tuve una oposición frontal al incremento de impuestos que ahondaran la desigualdad, me opuse a la aplicación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los alimentos y las medicinas, así como también a la homologación del IVA en las regiones fronterizas del territorio mexicano.
Estos asuntos son decisivos en la vida de los mexicanos y de los chiapanecos y requieren un esfuerzo amplio y profundo. Contra lo que con frecuencia se afirma, la tarea legislativa no es "descansada", ni siempre glamorosa. Implica, para una labor legislativa profesional, amplias horas de estudio, de análisis y de construcción de acuerdos y, también antesalas y reuniones para gestionarlos múltiples problemas y necesidades que plantean los ciudadanos y sus organizaciones.
Por eso mismo, los ciudadanos de todo el país tienen derecho a ser informados. Necesitan saber sobre los logros y también requieren de una explicación cuando no ha sido posible atender positivamente alguno de sus planteamientos. El legislador no puede operar programas ni atender directamente las peticiones; sin embargo, tiene la tarea de ser gestor de la ciudadanía.
El deber de informar debe ser cumplido en una modalidad republicana. Debe llegar a la ciudadanía sin gastos superfluos, ni amontonamientos innecesarios. Es buena, desde luego, la competencia política, pero ésta debe darse de acuerdo con las nuevas circunstancias del país y de nuestras entidades federativas. Especialmente en el caso de Chiapas.
Los desplantes multitudinarios son parte de una historia que debemos tener en cuenta para no repetirla. Es tiempo de pasar, en la manera de hacer política, de las multitudes anónimas a los ciudadanos enterados. Es bueno reunirse con los ciudadanos de manera directa y afectuosa, pero no limitar el mester político a eventos sin finalidades específicas. Es tiempo de informar y de hacerlo a la manera moderna y republicana. Es tiempo de dar a conocer realidades y de dejar a un lado las simulaciones o los disimulos.
*El autor es senador del PRD por Chiapas.
En tiempos que todavía se recuerdan sin mayores nostalgias o que, de plano, son recurrentes, la tarea de informar se reservaba a uno de los poderes nacionales. Se trataba del Poder Ejecutivo, tanto de la federación como de las entidades y ese ritual se repetía puntual y reiterativamente. Eran días de un sólo mando y con un informe de esa instancia era más que suficiente.
Con que informara el Poder Ejecutivo era suficiente, porque en ese Poder se encontraba la cima de la autoridad y la tarea de gobernar se circunscribía en esa instancia. Los informes eran un ritual previsible y, por eso mismo, lejano a los intereses de la ciudadanía que, a su vez, se mostraba indiferente o aceptaba los eventos de manera pasiva, en el mejor de los casos.
Era así, porque los poderes Legislativo y Judicial tenían presencias más o menos testimoniales. Por eso mismo, no había mucho material para dar a conocer a los habitantes del país, o de la entidad o del distrito en el caso de los senadores o diputados. Al ser de perfil bajo, el Legislativo y el Judicial se sombreaban en el poder principal: el Ejecutivo. El presidente de la República y los gobernadores daban a conocer el estado de la administración pública sin mayores respuestas por parte de los poderes restantes: ni a favor ni, mucho menos, en contra.
Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo deja de ser omnímodo, inclusive cuando se trata de un proceso evolutivo de largo o mediano plazo, los poderes Legislativo y Judicial, e incluso los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral, van acumulando nuevas atribuciones reales y, por eso mismo, es necesario que las acciones realizadas sean del conocimiento de los ciudadanos de la jurisdicción respectiva. Ahora, para decirlo brevemente, hay algo más que se hace y que debe ser del conocimiento público. Informar es hacer, para usar las palabras de Daniel Cosía Villegas, "público lo que es público" y ese acto es un ingrediente vital para la vida del país o de las entidades federativas. Es un deber republicano y es una acción por la democracia.
Afortunadamente, en el caso del Congreso de la Unión, se ha evolucionado y tanto los diputados federales como lo senadores son un factor de decisión política en todos los sentidos. En el Congreso se debate en torno a los grandes problemas nacionales y se construyen los acuerdos que imponen las necesidades del país. La tarea de conciliar los intereses no siempre es fácil, dado que las distintas fuerzas políticas de la Nación se corresponden con diversos intereses y percepciones en torno a la realidad de los mexicanos. No es fácil, pero la diversidad es un signo de la libertad y de la democracia. Sin pluralidad no hay presencia de los mexicanos reales.
En el Senado de la República se han analizado durante el último año importantes reformas. Algunos senadores han defendido, de manera intensa, el interés de distintos segmentos de la sociedad mexicana ante las diversas propuestas. En mi caso, tuve una oposición frontal al incremento de impuestos que ahondaran la desigualdad, me opuse a la aplicación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los alimentos y las medicinas, así como también a la homologación del IVA en las regiones fronterizas del territorio mexicano.
Estos asuntos son decisivos en la vida de los mexicanos y de los chiapanecos y requieren un esfuerzo amplio y profundo. Contra lo que con frecuencia se afirma, la tarea legislativa no es "descansada", ni siempre glamorosa. Implica, para una labor legislativa profesional, amplias horas de estudio, de análisis y de construcción de acuerdos y, también antesalas y reuniones para gestionarlos múltiples problemas y necesidades que plantean los ciudadanos y sus organizaciones.
Por eso mismo, los ciudadanos de todo el país tienen derecho a ser informados. Necesitan saber sobre los logros y también requieren de una explicación cuando no ha sido posible atender positivamente alguno de sus planteamientos. El legislador no puede operar programas ni atender directamente las peticiones; sin embargo, tiene la tarea de ser gestor de la ciudadanía.
El deber de informar debe ser cumplido en una modalidad republicana. Debe llegar a la ciudadanía sin gastos superfluos, ni amontonamientos innecesarios. Es buena, desde luego, la competencia política, pero ésta debe darse de acuerdo con las nuevas circunstancias del país y de nuestras entidades federativas. Especialmente en el caso de Chiapas.
Los desplantes multitudinarios son parte de una historia que debemos tener en cuenta para no repetirla. Es tiempo de pasar, en la manera de hacer política, de las multitudes anónimas a los ciudadanos enterados. Es bueno reunirse con los ciudadanos de manera directa y afectuosa, pero no limitar el mester político a eventos sin finalidades específicas. Es tiempo de informar y de hacerlo a la manera moderna y republicana. Es tiempo de dar a conocer realidades y de dejar a un lado las simulaciones o los disimulos.
*El autor es senador del PRD por Chiapas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario