Zoé Robledo*
27 de agosto 2013
La educación siempre es y será un tema de la más
alta importancia para México, no solo por los poco optimistas 8.6 años de
escolaridad promedio a nivel nacional, sino sobre todo por la necesidad de
mejorar sustantivamente la calidad de la misma.
En nuestro país en los últimos años se ha avanzado
de manera importante en la ampliación de la cobertura educativa; prácticamente
quien lo solicite ingresa a una escuela pública de enseñanza primaria o
secundaria. Falta culminar esta expansión hasta el nivel superior y pasar de la
prioridad por la cantidad de alumnos a la prioridad por la calidad de lo que
aprenden.
En los últimos meses se impulsó una reforma legal y
administrativa en materia educativa con tres objetivos: Aumentar la calidad de la educación básica
que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales, (como
la del Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes, conocida como
Prueba PISA); aumentar la matrícula y
mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior; y
por último que el Estado recupere la rectoría del sistema educativo nacional.
Entre las acciones necesarias para alcanzar estos
objetivos se planteó consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa;
establecer gradualmente las Escuelas de Tiempo Completo y crear tanto el
Sistema de Información y Gestión Educativa como el Servicio Profesional
Docente.
El camino del qué
hacer en materia educativa quedó plasmado en nuestra Carta Magna, con las
Reformas de diciembre de 2012, mismas que alcanzaron un alto nivel de
aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, venía otro
momento de gran complejidad definir los
cómos a través de la legislación secundaria,
es decir, de incorporar en la Ley General de Educación, en la Ley para el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en la Ley del Servicio
Profesional Docente los detalles instrumentales
de la reforma constitucional.
Sin embargo, el ambiente constructivo que llevó a
lograr acuerdos políticos amplios para la reforma constitucional, no se reflejo
de igual modo al momento de analizar, discutir y aprobar las leyes
reglamentarias. ¿A qué me refiero?
Un sector numeroso del magisterio reiteradamente
hizo llamados al gobierno federal para dialogar sobre los contenidos de las
leyes reglamentarias, particularmente en lo tocante al tema de la evaluación a
los maestros y la vinculación de ésta evaluación con su permanencia laboral. Al
no encontrar las respuestas institucionales adecuadas y no ver el reflejo de
sus planteamientos en las propuestas de los nuevos contenidos legales los
maestros, particularmente los organizados en la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), optaron por la movilización, las
manifestaciones callejeras e incluso las protestas en torno a los recintos
legislativos de los Diputados y Senadores.
Soy claro en este punto, no estoy de acuerdo en
estas formas de presión, no coincido con quienes piensan que para defender el
derecho propio se justifica vulnerar el derecho de otros, pero también hay que
decirlo, conocíamos las razones del agravio. Los senadores del PRD lo
expresamos: No estamos de acuerdo en estos métodos, pero también sabíamos que
la solución estaba en el diálogo.
En el PRD estamos a favor de la evaluación, pero de
la evaluación de todos los factores que inciden en la calidad educativa: el
maestro, el alumno, la escuela, la familia, la comunidad; una evaluación
contextualizada a las distintas regiones y condiciones que vivimos en el país,
al ámbito metropolitano y urbano sí, pero también al rural, disperso y
generalmente de escuelas precarias y alumnos pobres. No son las mismas
condiciones para lograr el éxito académico las colonias urbanas del D.F., que
las comunidades indígenas de muchos estados del país, incluido Chiapas, donde
los alumnos difícilmente hacen los tres alimentos al día.
En lo particular coincido con la idea de que la
evaluación debe ser para mejorar la educación, no para sancionar a los maestros ni menos aún para desconocer sus
derechos laborales, coincido en que lo
fundamental es encontrar respuestas para corregir, para mejorar, no para
sancionar y esa labor de corrección debe asumirse como una responsabilidad del
Estado.
Lo que se necesita, lo sabemos bien, es garantizar
para el magisterio una adecuada actualización de conocimientos, de capacitación
constante, no sólo como su obligación sino también como un derecho suyo y de
los estudiantes que integran el sistema educativo nacional.
En el grupo parlamentario del PRD propusimos que
antes de iniciar la discusión sobre estas reformas, se recibiera y escuchara a
los líderes del magisterio inconformes y se tomaran en cuenta sus puntos de
vista en la preparación de las reformas a la legislación. Pugnamos por abrir puentes y dialogar para no
repetir lo ocurrido en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 19 de agosto en
donde los ánimos se exacerbaron y se realizó una irrupción de manifestantes
causando destrozos materiales y lesionando a policías federales que
resguardaban el recinto.
Entendimos en nuestro grupo parlamentario que la
furia se desata cuando se engaña, cuando se cita a sentarse a la mesa a
dialogar solo para ganar tiempo y al final no se cumple lo pactado. Al magisterio
lo sentaron a negociar, se organizaron una decena de Foros supuestamente para
que se expresaran sus opiniones y propuestas, los inmovilizaron y los engañó el
gobierno federal, incumpliendo los acuerdos sobre que se incorporarían sus
propuestas en las tres leyes reglamentarias. Se instalaron mesas, se hicieron
foros pero se llegó a esa terrible práctica del “tú opinas pero yo decido”. Las
propuestas de los maestros fueron ignoradas
La irrupción de maestros inconformes a San Lázaro
el 19 de agosto y la obstrucción de accesos por parte de manifestantes primero
a la Cámara de Diputados y después a la de Senadores en días subsiguientes, fue
un pretexto ideal para quienes querían de antemano apurar el trámite
legislativo, evitar la discusión parlamentaria y dar un “albazo” en la
aprobación de estas reformas.
En el PRD insistimos en la necesidad de un diálogo
auténtico, en no apurar las decisiones sino tomarlas con la importancia que la
educación reviste para los mexicanos, en hacer que los dictámenes entregados
por la Cámara de Diputados se conocieran con amplitud, se analizaran con
cautela. La reforma constitucional fue un avance importante, pero a esa buena
intención había que darle contenido y definiciones concretas, fijar plazos
claros y dotarla de elementos innovadores pero también justos. Con el acuerdo
“planchado en lo oscurito” entre el PRI y el PAN
destacadamente, se pretendió que los senadores del PRD en unas cuantas horas
conociéramos, analizáramos y votáramos cambios sumamente trascendentes; se pretendió
que sobre las rodillas y prácticamente a “salto de mata”, en una sede
improvisada, votáramos puntos torales para la educación nacional y para el
magisterio, iniciativas en donde, por añadidura, eran ignorados los
planteamientos de estos últimos.
En el colmo, en las reformas votadas la medianoche
del jueves 22 de agosto se hacen múltiples referencias de lo que es o será la
Ley General del Servicio Profesional Docente, y sin embargo esa ley, es hasta
el momento una ley fantasma, pues nadie la ha visto, no existe.
* El autor es Senador por Chiapas y
Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.
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