Educación: voto abierto.

Zoé Robledo*

09 de septiembre de 2013

Como ciudadano, como chiapaneco y como Senador de la República, estoy orgulloso de pertenecer a la fracción parlamentaria del PRD. En ella he coincidido y aprendido de hombres y mujeres de gran talento y trayectoria, de liderazgo republicano, de pasión por la política, de experiencia probada, de claridad de ideas, convicción y gran elocuencia. Me enorgullece pertenecer a un grupo parlamentario donde prevalece la reflexión,  se valoran las diferencias, donde se entiende y respeta el disenso.

El 22 de agosto pasado, en la sesión extraordinaria del senado de la República que se llevó a cabo en un salón de banquetes de la Ciudad de México, habilitado en ese momento como sede alterna al recinto oficial de la avenida Reforma, se presentaron a discusión y votación las Reformas a la Ley General de Educación y de la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se había dejado para una sesión posterior la discusión sobre la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD).

En esa oportunidad, después de evaluar particularmente las condiciones y tiempos en que se daba esta discusión decidí votar en contra de la aprobación de estos ordenamientos.

Me opuse en ese momento por razones de forma y fondo que puntualmente señalé en mi colaboración del Heraldo de Chiapas“Educación: Las Razones y los Votos” publicada el 28 de agosto (http://bit.ly/28tm9F ).

Hay que recordar que desde mediados del mes de agosto el magisterio organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se había movilizado hacia y en la Ciudad de México exigiendo que sus propuestas se escucharan y fueran tomadas en cuenta en el contenido de las tres leyes reglamentarias a la Reforma Constitucional en materia educativa aprobada en diciembre de 2012 con un amplio respaldo de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Durante la última quincena de agosto tuve la oportunidad de participar en las reuniones donde los representantes de la CNTE expresaron sus razones y planteamientos, particularmente en lo que toca a la LSPD.

El contenido originalmente propuesto por el ejecutivo federal para esta multicitada Ley fue modificado por la Cámara de Diputados a través de un adéndum y se integraron propuestas y señalamientos valiosos planteados por la CNTE.

Este 3 de septiembre, en la primera sesión ordinaria del nuevo período legislativo se presentó a discusión y votación en el Senado la LSPD.  Junto con mis compañeras y compañeros del PRD en el senado, Alejandra Barrales, Isidro Pedraza, Angélica de la Peña y Luz María Beristaín, razoné y emití mi voto -en lo general- a favor de la reforma.

La votación del grupo parlamentario del PRD sobre esta ley fue analítica, crítica y diversa. En lo particular, es decir en todos los detalles y artículos que el grupo parlamentario señaló y objetó, nuestra posición fue unánime, todos votamos en contra. La votación “en lo general” fue diversa pero no por ello equivocada. Cada uno esgrimió razones y argumentos y votó en conciencia sin línea ni consigna.

Este voto ha causado diferentes reacciones en los militantes y simpatizantes del PRD y en los ciudadanos. Doy cuenta de comentarios en medios de comunicación y redes sociales.

Los comentarios críticos van en el sentido de un supuesto alineamiento de quienes votamos a favor de la LSPD con el PRI, con el PAN o con una expresión particular dentro del PRD; o por un supuesto interés personal o electoral. Falso

Hay quienes dejan entrever que por la votación diversa dentro del grupo parlamentario del PRD por la LSPD, habrá legisladores que voten a favor de la privatización de PEMEX y al incremento al IVA en alimentos y medicinas. Falso. De mi parte impulsé decididamente la Consulta Nacional sobre la Reforma Energética y Fiscal que promovió el PRD y organizó Alianza Cívica.  Consulta que se efectuó en todo el país los días 25 de agosto y 1 de septiembre. Públicamente asumí el compromiso de que el resultado de ésta consulta definiría el sentido de mi posición y de mi voto en el Senado. La consulta dijo NO a la Privatización de PEMEX o del Petróleo, y dijo NO a un incremento de impuestos a los más pobres a través del IVA. Mi compromiso y convicción es defender ese resultado en el Senado cuando se discutan estas reformas.

En mi caso he marcado una clara distancia con el PRI y su gobierno:

He señalado públicamente sus deficiencias y errores, y solo para referir las más recientes, están mi posición en torno al primer informe de gobierno del presidente Peña Nieto en la mesa de análisis a la que nos convocó el 2 de septiembre el conocido comunicador Nino Canún. Está también el punto de acuerdo del 3 de septiembre -aprobado por el Senado de la República-por el que promoví un exhorto al Ejecutivo Federal y a la SEDESOL para dejar de lado discursos, buenas intenciones e intereses clientelares en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNH) y para que México asuma la iniciativa internacional de “Fomento a la Nutrición” como parte de la propia Cruzada.

Sobre el primer informe dejé claro que el Gobierno Federal, ha incumplido sus compromisos de campaña, no existe la “eficiencia” gubernamental prometida, la economía está en franco declive, el gasto público sin ejercerse y con el grave  riesgo el país de entrar en una recesión o peor aún de una nueva crisis económica;  señalé que la seguridad se quiere arreglar con spots y no con nuevas estrategias y los asesinatos y muertos continúan a lo largo y ancho del país; que el desempleo crece y que se ha dejado perder el “momento mexicano” que auguraban los mercados internacionales a finales de 2012.

Quienes asumen que mi voto a favor de la LSPD fue por un interés personal o un cálculo político, incluso electoral, dejan de lado un análisis muy elemental: el voto del rédito político era en contra de la LSPD, ese era el evidente voto de simpatía con la CNTE, ese era el voto para evitar rispideces y eventualmente para cosechar el aplauso. Quienes están en contra de la LSPD están organizados y han tomado la calle a diferencia de quienes están a favor o serán los beneficiarios de ella.

El sentido de mi voto fue pensado para favorecer el interés de muchos y no los personales. Fue pensado para favorecer los intereses de quienes son mayoría. ¿Quiénes?  Los más de un millón trescientos cinco mil niñas y  niños que estudian en Chiapas desde la primaria hasta la educación media superior; mi voto fue a favor de los millones de padres de familia que todos los días hacen un gran esfuerzo para enviar a sus hijos a la escuela con la expectativa, y diría que también con la esperanza, de que a través de la educación alcancen una mejor situación social y económica, con la esperanza de que generacionalmente sus hijos tengan una mejor vida que la que ellos tuvieron.

El sentido de mi voto fue pensando también en los 131,000 normalistas que actualmente hay en todo el país, quienes después de estudiar una carrera se enfrentan a un viacrucis para poder obtener una plaza, un trabajo sí, pero también un lugar donde aplicar su conocimiento y crecer profesionalmente. Hoy en Chiapas y en gran parte de México la opción para un egresado normalista excluido, que quiso obtener una plaza y no la consiguió, es el camino de la corrupción, el de las “palancas”, el de la “compra” de plazas, el de entrar en “negociación” con las mafias sindicales y burocráticas.

En Chiapas, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, de acuerdo con el INEGI, es de 6.7 años, es decir apenas un poco más que la primaria terminada, mientras que el promedio nacional es de 8.7 (casi la secundaria terminada) y en el Distrito Federal es de 10.5.En nuestra entidad tenemos un déficit de preparación académica de casi el 25% con respecto a la media nacional y de más del 35% respecto a la entidad con más avance en el país. Somos por desgracia el estado con menor promedio en escolaridad de todo México.

Y en esto soy enfático y contundente: es falso e injusto decir que el fracaso y la mediocridad de la educación en Chiapas y en México es responsabilidad de los maestros. Pero es igualmente injusto para las niñas y los niños de hoy, y para las próximas generaciones, dejar que las cosas se mantengan como están.

La LSPD no es una panacea, no es la solución mágica a todos los problemas estructurales de la educación en México, pero abona a erradicar vicios perniciosos que impactan en los logros académicos, como lo son los casi 13,787 profesores comisionados por el sindicato, práctica que ha prohijado una distorsionada aspiración y creado un nido de corrupción y tráfico de prebendas. El artículo 78 de la LSPD marca la ruta para terminar con ello.

La Ley, en su artículo 36 fracción VI, obliga a generar incentivos para atraer al personal docente con buen desempeño en el ejercicio de su función a las escuelas que atiendan a los estudiantes provenientes de los hogares más pobres y de las zonas más alejadas a los centros urbanos. Esto es especialmente valioso para muchas regiones de Chiapas, en donde las plazas magisteriales de lugares alejados de las ciudades y con población indígena o pobre son consideradas “plazas de castigo”. Qué bueno que los mejores maestros sean quienes enseñen en los sitios de mayor necesidad social y académica.

Por otra parte los artículos 25, 32, 40 y 44 establecen que incurrirán en responsabilidad quienes participen en alguna forma de ingreso o promoción distinta a lo establecido en Ley y prevé sanciones para quienes autoricen o efectúen algún pago o contraprestación, u obtengan algún beneficio a partir de los ingresos o promociones.

En la LSPD no todo es absolutamente blanco o absolutamente negro Esta ley tiene sus matices. Es un error pensar que su contenido divide a sus promotores o detractores en buenos y malos y los convierte en héroes o villanos.

Hay quienes sí, con un sentido doloso han querido llevar agua a su molino con mitos, con francas mentiras, como decir que la educación se privatiza o expresar que los maestros perderán todos sus derechos laborales. Hay quienes afirman, que la ley se aplicará de manera retroactiva para perjuicio de quienes laboran en educación básica y media superior. Esto es falso y además sería ilegal: La Constitución claramente establece que la retroactividad de una ley solo aplica cuando es a favor del ciudadano, nunca para quebrantar derechos adquiridos.

El tema más polémico sin duda ha sido el de la evaluación y sus efectos. A ese respecto he expresado que coincido con la idea de que la evaluación debe ser para mejorar la educación, no para sancionar a los maestros ni menos aún para desconocer sus derechos laborales, coincido en que lo fundamental es encontrar respuestas para corregir, para mejorar, no para sancionar y esa labor de corrección debe asumirse como una responsabilidad del Estado.

Lo que se necesita, lo sabemos bien, es garantizar para el magisterio una adecuada actualización de conocimientos, de capacitación constante, no sólo como su obligación sino también como un derecho suyo y de los estudiantes que integran el sistema educativo nacional.

La LSPD garantiza que ningún profesor perderá su trabajo por motivo del resultado de su evaluación. Se identificaran fortalezas y debilidades y habrá oportunidades para actualizarse y mejorar el desempeño docente, y más aún, si un profesor no está de acuerdo en las medidas administrativas producto de no haber acreditado en tres ocasiones consecutiva su evaluación, podrá recurrir a los tribunales laborales para defender los derechos que considere le han sido vulnerados.

La educación es y será un tema de la más alta prioridad para México. Es un tema que debe asumirse con toda seriedad, con la perspectiva que nos legó el profesor Edgar Robledo Santiago: “La mayor riqueza de un país es el cultivo de la inteligencia de su población”. Nada más dañino y pernicioso para México y los mexicanos que asumir la educación desde visiones maniqueas, con frivolidad política, con mentiras interesadas.

Provengo de una familia de profesores por varias generaciones. Desde mi niñez aprendí el alto valor social y humano que representa la educación como el medio por excelencia para la movilidad social, para acercarnos a nuestro ideal de equidad y justicia.

El 3 de septiembre como representante por Chiapas decidí mi voto en función de lo que consideré mejor para Chiapas y para los chiapanecos, no por lo que podría ser bueno para un grupo o para mí. La educación de millones de mexicanos es un valor muy superior, la educación, si queremos ser un país mejor, simplemente no puede seguir igual.

* El autor es Senador por Chiapas y miembro del Grupo Parlamentario del PRD.