Septiembre en Chiapas

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miércoles, 27 de julio de 2011

Entrevista del Periodista Ricardo Rocha con el Diputado Zoé Robledo, sobre la Reforma a la Constitución local que prohibe la práctica del arraigo, tratándose de delitos del fuero común.




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Para Zoé Robledo Aburto, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, eliminar la figura del arraigo, en materia de delitos del fuero común, es una decisión que se encamina a la reforma establecida en la Constitución de la República que para el 2016 esta imagen ya no tiene cabida.

En entrevista con Ricardo Rocha, el diputado del Partido de la Revolución Democrática comentó que se deroga un elemento que había nacido como un mecanismo de protección de las víctimas para garantizar la presencia de los testigos y rindieran su declaración, sin embargo, con el tiempo este elemento cayó en la práctica de detener primero y después investigar.

"Empozó a generar incentivos perversos justamente en los responsables de la investigación que alentaba la intimidación y para decirlo claro, muchas veces también la tortura", agregó.

"Hicimos oídos a distintas voces como la de grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas o el Comité de Derechos Humanos de la propia ONU que ya habían solicitado en varias ocasiones a nuestro país, la última vez en marzo del 2010, que se erradicara y eliminara el arraigo", detalló Zoé Robledo.

De acuerdo con el legislador chiapaneco, la medida entrará en vigor en el momento de su publicación.

"El domingo nosotros celebramos nosotros una sesión extraordinaria exclusivamente para promulgar reformada nuestra Constitución", agregó.

Asimismo, Zoé Robledo dijo que la medida ha sido bien aceptada e incluso hace unos días se clausuró simbólicamente un Centro de Arraigo ubicado por Chiapa de Corzo en donde habían pasado cerca de mil 500 personas y únicamente el 12 por ciento habían sido sentenciadas y encontradas culpables.

Finalmente, el legislador informó que cuando se reformó en materia penal la Constitución de México en el 2008 se estableció que dentro de los siguientes 8 años, hasta el 2016 de la publicación de esta reforma, todas las entidades del país deberían de haber concluido su proceso de adecuación al nuevo marco legal, en el cual ya no tendría cabida el uso de la figura del arraigo.

"Ahora nuestro reto más importante será justamente cambiar la perspectiva del funcionamiento de los órganos de investigación y persecución del delito para fortalecer el debido proceso y sobre todo siempre en el marco del respeto a los derechos humanos", concluyó.

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