Posicionamiento sobre la Ley General para la Prevención  y Atención del Desplazamiento Interno que presenté este martes 18 de diciembre

Con el permiso de la presidencia

Compañeras y compañeros legisladores

En nuestro país, existe un amplio consenso entre la sociedad, las distintas fuerzas políticas así como las instituciones del poder público por fortalecer la salvaguarda de los derechos humanos, particularmente de los sectores más vulnerables. Durante los últimos años, importantes reformas se han realizado en el marco jurídico Nacional, un claro ejemplo de esta afirmación es la reforma publicada en el Diario Oficial de la federación el 10 de junio de 2011, relativa a la nueva conceptualización de los Derechos Humanos en nuestro orden jurídico nacional.

Por este motivo resulta preocupante que no exista un marco normativo nacional que regule las políticas y acciones de atención al desplazamiento interno de la población; ya que se trata de un fenómeno sociodemográfico que afecta los derechos fundamentales de los individuos y comunidades, el cual se ha incrementado en los últimos años en diversas entidades federativas de todo el territorio nacional.

Mediante el impulso de esta ley, se busca brindar atención a las personas y grupos que sufren este tipo de desplazamiento, el cual es una forma de migración que se caracteriza por ser involuntaria o forzosa que obliga a las personas a huir de sus hogares por un temor fundado de una amenaza directa e inmediata a la vida, seguridad, libertad o bien porque han sido objeto de violaciones graves a sus derechos humanos.

El desplazamiento interno, según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha afectado a 27.5 millones de personas en el mundo, mientras que hay 16.2 millones de refugiados, víctimas de desplazamientos internacionales.

En México no tenemos cifras oficiales de las personas que viven en estado de desplazamiento, pero según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de Noruega, publicados el 19 de abril de este año en su “Reporte Global de Desplazados Internos” se advierte que en México suman 160,000 personas de las cuales 26,500 tuvieron que abandonar sus hogares el año pasado.

Según ese mismo reporte, los estados con mayor número de desplazados debido a la violencia son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz. Sin embargo, los estados de Guerrero y Oaxaca también registran un gran número de desplazados debido a conflictos entre comunidades indígenas. Mientras que Chiapas aún tiene 20,000 indígenas desplazados por dichas causas y el conflicto zapatista.

La afectación que genera este fenómeno migratorio a los derechos humanos es tan grave, que se considera de particular interés prevenir y en su caso atenderlo. No es para menos, se trata de un problema en el cual las personas se ven obligadas a huir y abandonar su residencia habitual para salvar su vida, dejando todo lo que tienen atrás.

Es un deber del Estado, garantizar la seguridad personal, familiar y patrimonial, así como velar por la posibilidad de gozar plena y absolutamente de los derechos fundamentales de todo ser humano, en cualquier circunstancia. Esta ley busca subsanar esa deuda que el Estado mexicano ha adquirido en los últimos años con sus habitantes.

Sin duda se trata de un problema que no es menor y que lamentablemente se ha incrementado en nuestro país por diversas causas. En Chiapas hemos padecido el desplazamiento interno desde hace muchos años y hemos tomado medidas para prevenirlo, atenderlo y minimizarlo. La intención de la presente iniciativa es dotar de un instrumento de coordinación a los tres órdenes de gobierno, para abatir el problema y responder a las necesidades de los habitantes de nuestro país, al tenor del marco constitucional vigente.

Para su presentación, esta iniciativa se nutre de distintas propuestas en la materia; de la normatividad internacional; de la Ley que se publicó en Chiapas en febrero de este año y su rica experiencia derivada de los distintos foros y trabajos de organizaciones sociales y académicas en contribución con distintas agencias de las Naciones Unidas como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que le dieron origen; así como del numeral 30 del “Pacto por México”, el cual propone ejecutar una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano.

Esta iniciativa es un reflejo de nuestro compromiso con los derechos humanos y con la perspectiva de legislar de conformidad con la realidad y necesidades de nuestros representados.

Muchas gracias

Es cuanto senador presidente

Sen. Zoé Robledo A.