::Contemplan cuatro puntos: un
registro nacional de desplazados, la conformación de un consejo
intersecretarial encabezado por la Segob, la creación de un fondo para tal
efecto y el diseño de políticas públicas en la materia
La Cámara de Senadores debate ya en
comisiones una ley para prevenir y atender el desplazamiento forzado en el
país, así como para obligar a las autoridades a restituir casas, negocios u
otras propiedades que fueron despojadas a las víctimas.
Se trata de un problema abordado por
Crónica en las últimas semanas, que la CNDH ha considerado ya de máximo interés
—incluso alista ya un informe especial—, pero ante el cual la Secretaría de
Gobernación se ha mantenido indiferente.
La iniciativa contempla cuatro puntos:
un registro nacional de desplazados, la conformación de un consejo
intersecretarial, encabezado por la Segob, para atender el fenómeno, la
creación de un fondo para tal efecto y el diseño de políticas públicas en la
materia.
“Es como una mesa de cuatro patas, un
marco jurídico que permita identificar cuáles son las autoridades responsables
para la prevención del desplazamiento, así como sistematizar el número de
víctimas, disponer recursos para su atención y generar programas”, explicó en
entrevista con este diario el senador perredista Zoé Robledo,
principal impulsor de la ley, la cual ya ha recibido respaldo de legisladores
del PRI y del PRD.
La propuesta es discutida en las
comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Derechos Humanos. Antes de convocarse
a una sesión de comisiones unidas, también deberá ser analizada por la Comisión
de Población, para después presentarse ante el pleno. Se espera que el proceso
culmine en el próximo periodo legislativo, el cual arranca en septiembre.
Aunque considera al desplazamiento como
multicausal —derivado de conflictos religiosos o agrarios, movimientos armados
y hasta desastres naturales—, la información del Senado indica que el 90 por
ciento de los casos se deriva de la violencia provocada por la lucha antinarco.
Robledo urgió a la CNDH a emitir un
protocolo de atención a desplazados, prometido desde el año pasado. Y sobre el
desdén de Gobernación, opinó: “No ha tenido una posición firme y clara de cómo
atenderá el problema, y a nivel legislativo estamos obligados a hacerle un
llamado para que dé a conocer cuál es su estrategia, debe hacerlo a la
brevedad, porque no puede haber indiferencia”.
—¿Cómo operaría el fondo contemplado en
la iniciativa
—Una parte se destinaría a atender a
las víctimas al momento del desplazamiento, para lo cual hay una serie de
lineamientos muy claros de Naciones Unidas; y otra parte al momento en que
pueda ser posible su retorno o establecimiento en una nueva población. Se
necesitan recursos para brindarles servicios y una vivienda digna, para una
restitución o indemnización equivalente a lo que se perdió.
—Hay otras voces que no consideran
primordial una ley…
—No están viendo la película completa,
sí hace falta legislar para responsabilizar a autoridades de todos los niveles
de gobierno, porque estamos planteando la coordinación entre la Federación y
los gobiernos estatales y municipales.
Y sí, en medio de la discusión en el
ámbito legislativo, hay voces que, antes de una norma, urgieron acción
gubernamental… Diva Gastélum, senadora del PRI: “Una ley no resolvería el
asunto, sólo describiría el fenómeno, pero la urgencia del caso requiere
política pública. Necesitamos crear conceptos, realizar un diagnóstico y
elaborar un plan de acción, luego podrá venir la legislación o un apartado
especial”.
Sin embargo, en la academia las
reflexiones van en el sentido de proteger a las víctimas con regulaciones
específicas. “Hoy los desplazados son el eslabón más débil de la cadena social
en México, porque hay legislación para migrantes, para refugiados, y
organizaciones que están abocadas a su atención, pero en el caso de los
desplazados no hay nada, ni siquiera el reconocimiento de que existen, ya no
digamos a nivel de una ley, sino a nivel de un diagnóstico oficial que permita
organizar a las instituciones del estado su atención”, señaló Ricardo Reynoso,
investigador del Instituto Mora.
Zoé Robledo,
senador perredista, principal impulsor de la ley, la cual ya ha recibido
respaldo de legisladores del PRI y del PRD.
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