ZOÉ ROBLEDO*
Desde una perspectiva digamos teórica o académica, la democracia es una forma de gobierno que se relaciona con la emisión de votos que definen la designación de gobernantes y representantes en el poder legislativo. Para que se llame verdaderamente democracia debe haber el derecho al voto universal, es decir todo ciudadano que la ley reconoce puede votar y ser votado; debe ser equitativo, donde un voto tiene el mismo peso específico que otro; y libre, lo que implica que el voto se emite por los dictados de la conciencia y voluntad de cada individuo y por nadie ni nada más. Los procesos electorales deben darse adicionalmente en tiempos definidos y repetirse sin excepción.
El modelo de democracia que surge de este proceso es de naturaleza representativa, en donde los gobernantes y representantes electos son depositarios de los mejores intereses de los ciudadanos y tiene entre otros propósitos, dar cauce a las discrepancias al interior de una sociedad a términos aceptados por todos.
El reto de toda sociedad está en cómo desarrollar más y mejores procedimientos electorales que puedan servir para identificar y reconocer las preferencias sociales sin perder eficacia ni legitimidad. Resulta no sólo deseable sino indispensable que cada vez se desarrollen más recursos para la participación política de los ciudadanos, más allá de las elecciones. De esta manera, los resultados no sólo serán democráticos en su origen o procedimiento sino democráticos en su parte sustantiva al otorgar un mayor peso específico a las decisiones tomadas de esta manera.
Por eso, ha sido una insistente demanda, particularmente de los representantes de la izquierda en México, crear mecanismos políticos como el plebiscito o la consulta ciudadana para que precisamente los ciudadanos puedan emitir mandatos claros a sus gobernantes y representantes. Con mecanismos de esta naturaleza es posible ratificar o cambiar las decisiones de las autoridades en asuntos específicos sin tener que esperar tres ó seis años para rotar a nuestros representantes designados.
En este sentido, además de ser mecanismos de participación política, el referéndum o el plebiscito son mecanismos de evaluación ciudadana, valiosos en sí mismos, si consideramos a la democracia no sólo un régimen jurídico, sino una forma de vida, tal y como lo establece nuestra Constitución.
En esos términos, es importante que las instancias de gobierno y de representatividad deban rendir cuentas. Cuentas claras, a través de los múltiples medios hoy al alcance de gran parte de los ciudadanos. Informes por escrito, documentos, reportes en internet, difusión de trabajos a través de las redes sociales, sin olvidar el contacto directo con los ciudadanos, todo con la sobriedad y seriedad republicana que el propio acto de rendir cuentas encarna.
Sin embargo, nuestra legislación electoral a partir de 2007, al limitar la exposición pública de funcionarios, gobernantes y legisladores, ha generado incentivos no deseados que fomentan la notoriedad aunque sea de corta duración, más que la transparencia y responsabilidad a la que se aspiraba en un primer momento. La libertad de expresión se ha vuelto el velo en el que se envuelve cualquier acto político que involucre la exposición pública de las ideas e incluso los informes gubernamentales y legislativos se han alejado de su esencia, para dar paso en muchas ocasiones a verdaderos actos de propaganda, importando poco si se está o no construyendo una sociedad más libre, más justa y más próspera desde el puesto público que se ocupa.
Informar y rendir cuentas forma parte de la acción misma de gobernar, informar bien es una obligación de un buen gobierno. Es más, la transparencia es parte obligatoria de todo buen gobierno. La información debe ser clara, abierta, suficiente y comprobable.
Bienvenida la transparencia y la rendición de cuentas que fortalece, desde cualquier punto de vista, a la democracia. Bienvenido el trabajo eficaz y oportuno que merece ser dado a conocer a los ciudadanos.
Bienvenida también la superación de las prácticas políticas de antaño: el paso de la política de aclamaciones construidas de manera artificial y de las concentraciones gravosas. La evolución política en México debe continuar para bien de todos.
*El autor es senador por Chiapas, del Grupo Parlamentario del PRD.
Desde una perspectiva digamos teórica o académica, la democracia es una forma de gobierno que se relaciona con la emisión de votos que definen la designación de gobernantes y representantes en el poder legislativo. Para que se llame verdaderamente democracia debe haber el derecho al voto universal, es decir todo ciudadano que la ley reconoce puede votar y ser votado; debe ser equitativo, donde un voto tiene el mismo peso específico que otro; y libre, lo que implica que el voto se emite por los dictados de la conciencia y voluntad de cada individuo y por nadie ni nada más. Los procesos electorales deben darse adicionalmente en tiempos definidos y repetirse sin excepción.
El modelo de democracia que surge de este proceso es de naturaleza representativa, en donde los gobernantes y representantes electos son depositarios de los mejores intereses de los ciudadanos y tiene entre otros propósitos, dar cauce a las discrepancias al interior de una sociedad a términos aceptados por todos.
El reto de toda sociedad está en cómo desarrollar más y mejores procedimientos electorales que puedan servir para identificar y reconocer las preferencias sociales sin perder eficacia ni legitimidad. Resulta no sólo deseable sino indispensable que cada vez se desarrollen más recursos para la participación política de los ciudadanos, más allá de las elecciones. De esta manera, los resultados no sólo serán democráticos en su origen o procedimiento sino democráticos en su parte sustantiva al otorgar un mayor peso específico a las decisiones tomadas de esta manera.
Por eso, ha sido una insistente demanda, particularmente de los representantes de la izquierda en México, crear mecanismos políticos como el plebiscito o la consulta ciudadana para que precisamente los ciudadanos puedan emitir mandatos claros a sus gobernantes y representantes. Con mecanismos de esta naturaleza es posible ratificar o cambiar las decisiones de las autoridades en asuntos específicos sin tener que esperar tres ó seis años para rotar a nuestros representantes designados.
En este sentido, además de ser mecanismos de participación política, el referéndum o el plebiscito son mecanismos de evaluación ciudadana, valiosos en sí mismos, si consideramos a la democracia no sólo un régimen jurídico, sino una forma de vida, tal y como lo establece nuestra Constitución.
En esos términos, es importante que las instancias de gobierno y de representatividad deban rendir cuentas. Cuentas claras, a través de los múltiples medios hoy al alcance de gran parte de los ciudadanos. Informes por escrito, documentos, reportes en internet, difusión de trabajos a través de las redes sociales, sin olvidar el contacto directo con los ciudadanos, todo con la sobriedad y seriedad republicana que el propio acto de rendir cuentas encarna.
Sin embargo, nuestra legislación electoral a partir de 2007, al limitar la exposición pública de funcionarios, gobernantes y legisladores, ha generado incentivos no deseados que fomentan la notoriedad aunque sea de corta duración, más que la transparencia y responsabilidad a la que se aspiraba en un primer momento. La libertad de expresión se ha vuelto el velo en el que se envuelve cualquier acto político que involucre la exposición pública de las ideas e incluso los informes gubernamentales y legislativos se han alejado de su esencia, para dar paso en muchas ocasiones a verdaderos actos de propaganda, importando poco si se está o no construyendo una sociedad más libre, más justa y más próspera desde el puesto público que se ocupa.
Informar y rendir cuentas forma parte de la acción misma de gobernar, informar bien es una obligación de un buen gobierno. Es más, la transparencia es parte obligatoria de todo buen gobierno. La información debe ser clara, abierta, suficiente y comprobable.
Bienvenida la transparencia y la rendición de cuentas que fortalece, desde cualquier punto de vista, a la democracia. Bienvenido el trabajo eficaz y oportuno que merece ser dado a conocer a los ciudadanos.
Bienvenida también la superación de las prácticas políticas de antaño: el paso de la política de aclamaciones construidas de manera artificial y de las concentraciones gravosas. La evolución política en México debe continuar para bien de todos.
*El autor es senador por Chiapas, del Grupo Parlamentario del PRD.
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