Es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos
evadir las consecuencias que nos acarrean".
JoshiahStamp
La cita viene a cuenta para referirme en esta oportunidad a
la propuesta que en el Senado de la República se aprobó en días pasados y que
se refiere a dar un nuevo plazo, un tercer plazo, para que los integrantes de
las instituciones de seguridad pública en el país puedan obtener la
certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.
Al dar un nuevo plazo se evita que el personal no
certificado fuera separado del servicio, en pocas palabras sea dado de baja, ya
que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que una vez
agotado el plazo para la certificación, los elementos que no hayan obtenido su
certificación automáticamente serán separados del servicio activo, con las
consecuencias laborales, sociales y de seguridad que ello implica.
La disposición de certificar al personal de las
instituciones federales, estatales y municipales establecida en la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública data de enero de 2009 y tenía como
plazo original para su cumplirse el 3 de enero de 2013, plazo que se prorrogó
en diciembre de 2012 por diez meses más, por la actual Legislatura del Congreso
Federal, cuando el actual gobierno federal, los estados y los municipios vieron
que era materialmente imposible cumplirlo.
Y ahora, nuevamente se solicita prorrogar el cumplimiento de
esta disposición por un año más.
Senadores de la Comisión de Seguridad Pública, gobernadores
y presidentes municipales comentaron que no prorrogar el plazo traerá
consecuencias serias ya que al 30 de junio de este año sólo se había
certificado al 63 por ciento de los elementos estatales y municipales. Es
decir, si no se prorroga el plazo podrían ir a la calle, sin trabajo cerca de
190 mil elementos en todo el país, con los costos sociales, económicos,
políticos y sobre todo con costo a la mermada seguridad que muchos mexicanos
padecen.
La pregunta obligada sería ¿a qué se irían a dedicar 190 mil
exmiembros de las corporaciones de seguridad
en todo el país, que se van a la
calle de un día para otro?
La respuesta no es difícil adivinarla. Por eso estuve de
acuerdo en prorrogar el plazo porque no hacerlo tiene consecuencias y graves.
Pero el haber apoyado esta medida no quiere decir que esté
de acuerdo con que se incumplan plazos y disposiciones establecidas en la ley.
Algo sin duda está fallando para que se tenga que otorgar una prórroga tras
otra a un sistema de certificación que está diseñado para darle más seguridad y
certidumbre a los mexicanos. O no se previeron adecuadamente los plazos, ya sea
técnica o presupuestalmente o hay estados y municipios que no han asumido con
seriedad este compromiso.
Sea cual sea la razón algo y alguien está fallando y eso en
materia de seguridad pública no puede pasarse por alto. Las instituciones de
seguridad pública en el país tienen una deuda con los ciudadanos pues a pesar
de los presupuestos crecientes de los últimos años en este rubro, la seguridad
pública dista mucho de estar a la altura de las necesidades de la sociedad en
muchas regiones del país.
La certificación de miembros de las instituciones de
seguridad está diseñada como un medio a favor de los mexicanos, para
garantizarles que quienes están al cargo de su cuidado y protección son
personas confiables, profesionales, garantes de la seguridad y del respeto a
los derechos humanos, y en eso, se está fallando, no se está cumpliendo con esa
parte a los mexicanos y eso, eso también tiene consecuencias.
Después de casi cuatro años, como en México no hemos podido
darle esa mínima garantía a los mexicanos: saber que sus policías están
certificados Probablemente la certificación no sea en sí una garantía absoluta,
pero no podemos soslayarla ni negar que es un paso adelante.
Hoy que tanto se ha hecho referencia y exaltado el valor de
la evaluación, en donde se ha insistido de su necesidad y sus bondades en otros
ámbitos, ahora, en uno de los temas más sensibles y preocupantes para la
sociedad, como la seguridad pública, se extienden plazos como si la evaluación
no tuviera virtudes. No resulta para nada congruente el mensaje que se envía al
diferir las evaluaciones para que no pierdan su empleo servidores públicos.
Hoy, si bien es necesario prorrogar este plazo, también es
necesario darle una explicación detallada a los mexicanos de por qué no se está
cumpliendo. Es necesario que los estados y municipios den una explicación de
qué está sucediendo, por qué no se están cumpliendo los plazos de certificación
y se transparenten los avances obtenidos.
Cuando un estudiante no entrega a tiempo sus trabajos
escolares o cuando un mexicano que trabaja no cumple en tiempo con la labor que
se le ha encomendado, lo menos que puede ofrecer es una explicación y esa
explicación no necesariamente lo va a relevar de una eventual sanción, de ser
reprendido, reprobado o bien de perder el empleo. Lo que sí queda, a pesar de
la explicación, es una mayor desconfianza, descrédito y escepticismo hacia
quien no cumple.
Hoy, se le debe esa explicación a los mexicanos y
eventualmente tendría que señalarse qué y quién está fallando. Los legisladores
que aprueban plazos material y humanamente imposibles de cumplir o las
instancias responsables de la certificación que no han atendido con la
suficiente atingencia un mandato de la ley.
El gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales
deben dejar en claro las respuestas a estas interrogantes: ¿No era suficiente
el plazo fijado en 2009? ¿No era suficiente el plazo prorrogado en diciembre de
2012? ¿Es suficiente este plazo que ahora se aprueba de un año más?
Por el bien de los mexicanos y con el propósito de
contribuir a recuperar la tranquilidad de los ciudadanos a lo largo y ancho del
país con policías más confiables y mejores niveles de seguridad pública, se
debe asumir ésta como la última prórroga para certificar a los miembros de las
corporaciones policiales.
La sociedad en materia de seguridad exige resultados y una
prórroga por más razones que se tengan para ella, no es el resultado que
espera.
*Senador por Chiapas. Partido de la Revolución Democrática.
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